Sobre este particular, se ha dado la habitual práctica de ambos sectores; unos se expresan en los medios y en la calle y los otros menos estruendosa, mediante notas, expresiones críticas al proyecto en auditorios reducidos y pedidos de audiencia a las autoridades y responsables del tema. 

El sector gremial, que representa a los tripulantes en sus distintos grados, ha alzado la voz al ser los más perjudicados por la medida que intenta aplicar el gobierno nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, el que según los especialistas, no reúne los requisitos para su dictado con esa jerarquía jurídica.

En menor medida lo es el sector empresario local, que contaría con otros instrumentos, para adaptarse a las nuevas condiciones que se implementarían por ese DNU.

 

"la mayor preocupación radica en la intervención de empresas extranjeras en el cabotaje, que se encuentra reservado a armadores argentinos y buques de bandera argentina"

 

 

El análisis del proyecto de decreto se dejará para cuando se encuentre vigente, de lo contrario sería una especulación que se sumaría a las ya publicadas. Sin embargo la mayor preocupación radica en la intervención de empresas extranjeras en el cabotaje, que se encuentra reservado a armadores argentinos y buques de bandera argentina amparados en una ley del año 1944, o de bandera extranjera arrendados por armadores argentinos, de acuerdo a la ley 27.419. 

La mayoría de las opiniones señalan desde hace mucho tiempo, que para mejorar la  situación de la Marina Mercante, que una  vez más se encuentra en una situación crítica, es requisito la intervención de todos los actores en un ámbito que pueda llegar a soluciones en el corto y largo plazo. Me refiero a representantes del gobierno, armadores y trabajadores que desarrollan sus actividades en la República Argentina.

Para cualquier ciudadano y en una primera aproximación, puede afirmarse que el ámbito del transporte fluvial y marítimo es prácticamente desconocido. Tal vez los que lo conozcan digan que es un sector pequeño, que según datos oficiales, representa el 1% de la actividad económica del país, muy atomizado, con un grado de transparencia discutible hacia adentro y hacia afuera y con intereses diversos de los participantes que se contraponen entre sí, haciendo muy difícil la convergencia al bien común dentro del sector y hacia la población en general, siendo este último, el fin que busca todo  buen gobierno que se precie de tal condición. 

Para muestra de ello, el sector de la Marina Mercante se compone de los armadores, tripulantes en sus distintos grados de titulación y el Gobierno Nacional. Además debe funcionar con el cumplimiento de normas de los Organismos Internacionales, de los cuales la Argentina forma parte. Renglón aparte, merece atención la Estrategia Marítima nacional para el período 2022-2026.

 

"algunos prefieren el stato quo, confiando en su poder de lobby, para que se dicte alguna medida que lo beneficie temporalmente, en detrimento de otros actores"

 

 

El Estado Nacional participa con cinco (5) ministerios y sus dependencias con atribuciones directas o trasversales que involucran a la Marina Mercante. A su vez, hay dos Comisiones en el Congreso Nacional, una por cada Cámara.

Los tripulantes están representados por nueve (9) asociaciones sindicales y cuatro (4) federaciones. Los armadores están agrupados en ocho (8) Cámaras y una (1) Federación. 
Parece ser que prima el axioma, “mejor ser cabeza de ratón que cola de león”.
En tanto diez (10) son los Organismos Internacionales que se relacionan con la actividad naviera, de los cuales la República Argentina es miembro.  

La gran mayoría del transporte fluvial y marítimo argentino se desarrolla en el cabotaje nacional, en un mismo tráfico, el de los hidrocarburos y sus derivados, y una presencia cada vez menor en la llamada Hidrovía Paraguay – Paraná, presentándose como casi únicos ámbitos en los que quedó subsumida la actividad naviera, con alguna excepción. 

Dejo al lector si continúa o no con la idea de reuniones entre los tres sectores en la búsqueda de soluciones para la Marina Mercante.  

En todos los debates, conferencias, congresos, jornadas, publicaciones y en cualquiera otra ocasión, se ha justificado la existencia de una flota mercante de bandera argentina, que siempre  conviene recordar y que suscribo. El siguiente es un resumen de ello.

Herramienta al servicio del comercio, de la industria, del productor y del consumidor, su actividad es generadora de ahorro de divisas y demandante significativo de proveedores para la construcción, operación, mantenimiento y conservación de las naves, todo lo que produce un aporte a la economía del país. 

Moviliza a la industria naval, al personal embarcado y terrestre de la navegación, los puertos, las vías navegables y la organización comercial necesaria.

Generadora de riqueza, tiende a la facilitación del comercio interior y exterior del país y en la seguridad económica en la cobertura de los tráficos considerados como vitales para la economía en general, por lo que se considera relevante y altamente necesario contar con transportes propios.

Tiene una importante función para la Defensa Nacional, como pudo comprobarse en el conflicto bélico con Gran Bretaña, que gracias a los buques de la Marina Mercante, estatales y privados, las fuerzas instaladas en las Malvinas fueron abastecidas y atendidas sanitariamente, como también se le suministró el combustible necesario para los buques de guerra en navegación y a los aviones que partían de Rio Gallegos. Por el contrario, las flotas extranjeras abastecían a la flota británica.

En tiempos de la pandemia de COVID 19 fue declarado esencial por el abastecimiento energético, situación que permitió contar con suministro a la comunidad como a los hospitales y la industria.
 
Por ello, considero muy importante, crucial, que el grado de transparencia interno del sector debe ser amplio, y más relevante lo es hacia afuera, con información a la población en general. Sin embargo, algunos prefieren el stato quo, confiando en su poder de lobby, para que se dicte alguna medida que lo beneficie temporalmente, en detrimento de otros actores.

 

"Si se soluciona el costo del combustible y las condiciones laborales de la tripulación, no habría necesidad de una nueva legislación"

 

 

Pero, cómo se llegó hasta aquí? Porqué el gobierno quiere perjudicar al sector? Cuáles son los fundamentos del futuro DNU? 

Me atrevo a decir que los relativamente altos valores de fletes que deben abonar las empresas petroleras y otras cargadoras, son la causa principal. Y viene otra pregunta; ¿por qué son relativamente altos los fletes? Desde el año pasado se conoce esta preocupación.

En este sentido, varias pueden ser las razones, pero hay dos que básicamente reflejan los altos costos operativos de los buques; el combustible y las condiciones laborales de las tripulaciones, más allá de los sueldos, información conocida. Si estos dos componentes del costo diario del buque se solucionan, no habría necesidad de una nueva legislación como la que se proyecta. 

No se conoce cuanto paga por fletes la petrolera de propiedad mixta, bajo control estatal con el 51% de las acciones. También me pregunto, a cuánto se reduciría la baja del flete si esas dos variables y otros componentes del costo se modifican? 
 
Estas son algunas inquietudes que quizás en algún tiempo se aclaren y divulguen por el bien de la Marina Mercante para que sea creíble y transparente, como se hace en otros ámbitos del transporte. 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: www.NetNews.com.ar