Luego de la forzada y escandalosa salida del país del operador logístico portuario chino CK Hutchison Holdings Limited, que tenía a su cargo la gestión de la Terminal Buenos Aires Container Terminal Services, (Bactssa), alrededor de 800 trabajadores quedaron bajo el amparo del decreto 299/23 que les garantizaría la fuente laboral. Como órgano de fiscalización de dicha tarea la A.G.P, del kirchnerista José Beni.

La Fempinra en su presentación manifiesta: “Constituye especial motivo de preocupación de mi representada, la ausencia de respuesta al aseguramiento de la fuente laboral de todos los trabajadores convencionados que mantuvieron contrato con esa empleadora y sus prestadoras durante el período de transición y hasta tanto se produzca la asunción de los nuevos concesionarios emergentes del procedimiento de selección.

Si bien todos los contratos del personal de la operadora saliente BACTSSA se encuentran todos ya finiquitados, señalamos que aún no se ha producido ninguna incorporación al plantel de las restantes operadoras, provocando dicha situación, no sólo la privación de todo tipo de ingreso económico para los trabajadores y sus familias (puesto que no se registra pago de salarios desde el día 1 de septiembre de 2023), sino también, riesgo inminente de la pérdida de la prestación de obra social, toda vez que se encuentra corriendo el plazo legal de tres (3) meses previsto por el inciso a) del art. 10 de la Ley 23.660, y a punto de agotarse…”

Hecha la Ley, Hecha la Trampa

El artículo 3° instruye a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado a garantizar la continuidad operativa de Puerto Nuevo – Buenos Aires y el mantenimiento de todas las fuentes laborales de los trabajadores sujetos a Convenio Colectivo de Trabajo.

Sin embargo la ejecución de decreto tuvo una singular interpretación, y la responsabilidad en cuanto a la contratación de los empleados, que en la retórica discursiva de los funcionarios recaía sobre las Terminales Río de la Plata (TRP) y  la Terminal 4 (APM Terminals), terminó recayendo inesperadamente en dos actores secundarios: las empresas contratistas del personal portuario tercerizado, Dompra (del fallecido estibador portuario Pardo y ahora a cargo de sus hijos)  en Terminal 4 y Gestión (cuyo dueño sería el sindicalista Hugo Moyano) en TRP.

Casi 300 empleados fuera de convenio y no sindicalizados fueron obligados por estas empresas a retirarse, con ofertas económicas cercanas a los 5.00.000,- millones de pesos.

Para los trabajadores sindicalizados las ofertas mejoraron y aunque ninguno consiguió la continuidad laboral que les aseguraba el decreto, las cifras treparon a los 20.000.000,- millones de pesos para los empleados asignados a la empresa Dompra y 30.000.000,- millones de pesos para los que negociaron con Gestión.

Ante el reclamo formalizado a través de cartas documento dirigidas a las Terminales Portuarias por parte de algunos trabajadores que aún no han aceptado el retiro involuntario, éstas sostienen que están procediendo de acuerdo con las instrucciones impartidas por la A.G.P en el marco del Decreto 299/23.

Seguramente el resultado de las elecciones presidenciales en el balotaje dirá si la historia continúa, o no.

Fuente: www.NetNews.com.ar