La experiencia demuestra que sólo vamos a lograr una política que nos permita revertir esta situación si, previamente, procuramos los consensos necesarios entre todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, que le den certeza y previsibilidad al camino que se inicie.

También es una realidad que nuestro país es el que en la región menos gasta en defensa en términos porcentuales de su PBI (menos del 1 por ciento).

El monumental déficit fiscal heredado de la anterior administración y la necesidad de atender la multiplicidad de reclamos que recibe el gobierno nacional hacen previsible que, en el corto plazo, los fondos que se destinen al sector van a ser exiguos.

Ello nos lleva a la necesidad de formular un estricto orden de prioridades, cuidando que, al hacerlo, también estemos atendiendo al objetivo final, que es reconstruir nuestro sistema de defensa, con miras a alcanzar una adecuada capacidad disuasoria y estar en condiciones de integrarnos a un sistema de defensa regional.

Surge la pregunta acerca de la dirección y el sentido que debe guiar a esta reconstrucción. El primer dato a tener en cuenta es que perdimos el control de nuestros espacios territoriales soberanos, y que debemos recuperarlo.

Nuestro insuficiente sistema de radares, la carencia de aviones interceptores en un número adecuado y la legislación aplicable tornan ilusoria la posibilidad de realizar un control efectivo de nuestro espacio aéreo. Los vuelos ilegales están a la orden del día.

En nuestro mar, la insuficiencia presupuestaria y la falta de coordinación de tareas entre la Armada y la Prefectura facilitan que sea depredado por la pesca ilegal y clandestina. En términos monetarios, lo que nos roban con la pesca ilegal excede varias veces lo que gastamos en un patrullaje a todas luces insuficiente.

En el ámbito terrestre, nos encontramos con que, dada la inseguridad que prima desde hace tiempo en nuestras principales ciudades, se replegó hacia ellas un importante número de efectivos de nuestra Gendarmería, lo que produjo que se resientan los controles especialmente en nuestras fronteras.

La Policía Aduanera, la Policía Aeroportuaria, la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, las policías provinciales y ahora también las policías municipales conforman una hiperpoblación de fuerzas con escasa coordinación entre sí. Cada una se fue expandiendo en cuanto a su competencia, produciendo situaciones en las que, en algunos campos, todas hacen lo mismo y, en otros, ninguna hace nada. Urge reformular normativamente las atribuciones y competencias de cada una de ellas. De lo contrario, seguiremos gastando mucho y mal.

Es una quimera pensar que podemos tener seguridad interior si no controlamos nuestro territorio, y no podremos controlar nuestro territorio si las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas se comportan como compartimentos estancos.

Por supuesto que no se trata de transformar a nuestras fuerzas armadas en nuevas policías, pero, como vemos, tanto la Fuerza Aérea en su ámbito, la Armada en el suyo y el Ejército en el ámbito terrestre tienen mucho que hacer dentro del marco de las leyes vigentes para recuperar el control de nuestro territorio, más allá de la necesidad de derogar el decreto ampulosamente llamado de Reglamentación de la Ley de Defensa que, además de disparatado, es inconstitucional.

“El terrible accidente del que fue protagonista el submarino ARA Santa Juan colocó en la agenda la necesidad urgente de ocuparnos del diseño de una política de defensa y seguridad adecuada a las necesidades de nuestra época”

El elemento que determina las respuestas a una agresión no lo define la ubicación geográfica del agresor, sino el armamento que emplea, su potencialidad de daño, la logística a la que recurre, etc.

Si aceptamos como prioridad la necesidad de recuperar el control de nuestros espacios, la orientación hacia nuestras fuerzas debe consistir en dotarlas de la aptitud para ello. Ese objetivo debe guiar la adquisición de equipamiento, dejando de lado la vieja tradición según la cual compramos el equipamiento con un criterio de oportunidad (bajo precio, financiamiento, especulación política, etc.), llegando al absurdo de que, una vez adquirido, nos ponemos a inventarle una misión, cuando lo primero es determinar la misión y es ella la que va a definir el equipamiento a adquirir.

Concretado este primer objetivo, tenemos que atender otra anomalía que se produjo con motivo de la creación del voluntariado. El paso de un sistema a otro significa cambiar las estructuras de la fuerza, ya que pasamos de un sistema que privilegia la cantidad, con tropa masiva, por otro en el que se lo hace con la cualidad. En síntesis: o adaptamos la estructura a esta nueva realidad, lo que implica como mínimo modificar la distribución territorial de la fuerza (junto con otras medidas que exceden los límites de este trabajo), o nos dedicamos a hacer cambios aparentes para que nada cambie.

Tradicionalmente, las FF.AA. fueron remisas en aceptar el rol del Estado Mayor Conjunto como el elemento que transforme a tres fuerzas aisladas en un sólido equipo de empleo conjunto. Toda la legislación en vigencia desde 1988 está dirigida a lograr este objetivo. Su consolidación será un paso adelante para concretar el funcionamiento adecuado del instrumento militar en su proceso de modernización y reconstrucción.

De la mano de la disparatada política de remuneraciones que siguió el gobierno anterior, conjuntamente con una arbitraria política de personal, nos encontramos con una superpoblación de oficiales en cargos superiores (me refiero a coroneles, generales y sus equivalentes en las restantes fuerzas) que no tiene relación con las reales necesidades, y que frustra la expectativa de aquellos con legítimas aspiraciones de avanzar en su carrera. Un paso importante en esta reconstrucción será adecuar las cúpulas a las reales necesidades.

Nuestra Ley de Defensa data de 1988. Se hizo cuando el mundo todavía estaba en la Guerra Fría. Durante ella, países como el nuestro, sometidos a la esfera de influencia de una de las potencias en pugna, emplearon a las fuerzas armadas en el conflicto interno, con las consecuencias nefastas que todos conocemos. Hoy, esa guerra terminó. Cambiaron las amenazas, se incorporaron nuevos agentes que las protagonizan, se modificaron los armamentos que se utilizan, la cibernética entró en nuestras preocupaciones, el narcotráfico y el terrorismo alcanzaron otros desarrollos y las catástrofes naturales se volvieron cada vez más frecuentes. ¿Podemos aferrarnos a una legislación que va a cumplir treinta años y que mira a un mundo que ya no existe?

El terrible accidente del que fue protagonista el submarino ARA Santa Juan colocó en la agenda la necesidad urgente de ocuparnos del diseño de una política de defensa y seguridad adecuada a las necesidades de nuestra época. Años de postergación trajeron como consecuencia que nuestras FF.AA. estén al borde del colapso. La vía para salir de esta situación es asumir la política de defensa como una política de Estado.

Sin apresuramientos y desprovistos de anacrónicas cargas ideológicas, reiteramos, tenemos que buscar en el Parlamento los consensos necesarios para concretarla.

Existe conciencia de esta necesidad en las autoridades a cargo del gobierno nacional. Abrigamos la esperanza de que, finalmente, la Argentina estructure su sistema de defensa y seguridad en beneficio de nuestros compatriotas, y lo ponga a la altura del rol que le corresponde desempeñar en el concierto de las naciones.

Por: Dr. Horacio Jaunarena, Director del Centro de Estudios para la Defensa Nacional de la Universidad de Belgrano. Ex Ministro de Defensa de la Nación.

Fuente: www.NetNews.com.ar