Bajo la administración de Obama, los inmigrantes indocumentados condenados por crímenes serios eran la prioridad durante los procesos de deportación. Ahora, los agentes de inmigración, oficiales de aduanas y efectivos de la patrulla fronteriza han recibido la orden de detener a cualquier persona convicta por cualquier delito.

Eso incluye a las personas condenadas por fraude en cualquier asunto oficial ante una agencia gubernamental y a quienes “han abusado de cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos”.

La política también implica una expansión de las deportaciones rápidas, lo que permite que la Patrulla Fronteriza y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por su sigla en inglés) deporten a más personas. Bajo la administración de Obama, las deportaciones expeditas solo fueron utilizadas dentro de un límite de 160 kilómetros de la frontera para gente que había estado en el país por un periodo no mayor a los 14 días. Ahora incluirá a quienes han residido en el país hasta por dos años, y podrán ser detenidos en cualquier estado del país.

El cambio en las prioridades de aplicación exigirá un aumento considerable de recursos. Con un número estimado de 11 millones de indocumentados, el gobierno ha tenido que ajustar sus prioridades debido a las limitaciones en la dotación de personal y dinero.

En los documentos de orientación emitidos el martes, se instruye el inicio del proceso de contratación de 10.000 nuevos agentes de inmigración y aduanas, la ampliación del número de centros de detención y la creación de una oficina dentro del Servicio de Inmigración y Aduanas que ayude a las familias de los asesinados por inmigrantes indocumentados. Trump hizo que algunos de esos familiares hablaran en sus mítines durante la campaña, y varios estuvieron presentes cuando firmó la orden ejecutiva sobre inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional.

Las directivas también le ordenan al ICE, así como al servicio de aduanas y la Patrulla Fronteriza, volver a implementar un programa que recluta a oficiales y alguaciles de la policía local para ayudar con las deportaciones, convirtiéndolos en agentes de inmigración de facto. Esa política, conocida como el programa 287g, fue reducida durante el gobierno de Obama.

El programa no cuenta con el apoyo de muchos estados y decenas de las ciudades santuario, que se han negado a permitir que sus agentes de la ley ayuden a detener a los individuos indocumentados.

El martes por la mañana, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional declararon que las nuevas directivas están destinadas a utilizar mejor las herramientas que el Congreso de Estados Unidos le otorgó a ese departamento para acabar con la inmigración ilegal. Los oficiales, hablando bajo la condición de anonimato, subrayaron que algunas de las propuestas serán implementadas lentamente mientras el departamento actualiza las reglas logísticas y legales para realizar acciones más agresivas.

En particular, los funcionarios dijeron que la deportación de refugiados centroamericanos a México para esperar las audiencias se realizará de forma limitada y solo después de conversar con el gobierno de México, que probablemente tendrá que aceptarlos como refugiados.

También aclararon que las directivas no cambian el programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que proporciona permisos de trabajo y protección de deportación para los jóvenes conocidos como dreamers.

Los funcionarios aseguraron que el departamento tiene la intención de cumplir la promesa de Trump de que las leyes de inmigración serán aplicadas al máximo, lo que marca una significativa diferencia con los procedimientos establecidos por el expresidente Barack Obama.

Esa promesa ha generado temor y enojo en la comunidad de inmigrantes, y sus defensores han advertido que el nuevo enfoque es una amenaza para muchos indocumentados que hasta hace poco no corrían el riesgo de ser deportados.

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Fuente: New York Times