Desde la perspectiva del derecho aduanero y constitucional, este ordenamiento sustantivo se dicta al amparo de las facultades conferidas por el Artículo 99, inciso 1 de la Constitución Nacional, en consonancia con los Artículos 664 y 771 de la Ley Nº 22.415 (Código Aduanero). La norma instituye un beneficio tributario de exención arancelaria de carácter condicionado, sujeto estrictamente a un instituto de comprobación de destino. Establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía que dictará resoluciones administrativas emitidas previa conformidad de la Subsecretaría de Comercio Exterior y de la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento.

II. Ámbito de Aplicación Subjetivo y Objetivo (Elegibilidad)

A. Sujetos Beneficiarios. Serán elegibles aquellos administrados que revistan el carácter de empresas y posean un Proyecto de Inversión para el Mejoramiento de la Competitividad debidamente aprobado por la Autoridad de Aplicación.

B. Universo de Bienes Clasificables y Criterios de Integración. A los fines de exceptuar a las mercaderías del régimen restrictivo general (Resolución MEOSP Nº 909/1994), los bienes usados a importar deben reunir las siguientes condiciones de admisibilidad:

1. Autonomía y Completitud Funcional: Los bienes deben conformar una línea de producción completa instalada de forma imprescindible en el predio productivo. Se admite la inclusión de bienes accesorios o complementarios siempre que su función sea inherente a la línea principal.
2. Flexibilidad de Integración (Líneas Mixtas): Se autoriza la coexistencia de bienes nuevos y usados, tanto de origen nacional como extranjero.
3. Tercerización de Insumos Intermedios: Se faculta la cesión de bienes a un proveedor local directo mediante contrato de comodato, supeditado a que su uso sea exclusivo para la producción del insumo requerido por el beneficiario. Este último retiene la responsabilidad solidaria y exclusiva ante la Administración.
4. Destino Causal del Proyecto: La inversión debe encuadrar en la instalación de una nueva planta, ampliación de capacidad instalada, diversificación productiva o modernización tecnológica para la producción de bienes tangibles o generación de energía eléctrica.
5. Inclusiones Especiales: Se incorporan de forma expresa los sistemas de tratamiento y eliminación de efluentes/contaminantes, así como los sistemas de almacenamiento automatizado inteligente (Almacenes Inteligentes), excluyendo la obra civil.

 

C. Criterio Cronológico (Antigüedad)

 

• Regla General: Los bienes no podrán registrar una antigüedad mayor a veinte (20) años.
• Excepción por Reacondicionamiento (Retrofitting): Se extiende el límite hasta treinta (30) años para aquellos bienes que acrediten procesos certificados de reconstrucción y actualización tecnológica destinados a prolongar su ciclo de vida útil.

 

III. Obligaciones del Beneficiario y Alivio del Cupo Local (Art. 7º)

El núcleo dogmático de la reforma radica en la sustancial modificación de las cargas financieras impuestas al administrado, especialmente en lo relativo al requerimiento de compra nacional:

 

 

Otras Cargas:

• Dictamen Técnico: Exigencia de un informe técnico emitido por un organismo especializado del Estado, Universidades Nacionales o profesional de la ingeniería matriculado (carece de efecto vinculante).
• Obligación de No Hacer (Indisponibilidad de Bienes): Deber de conservar la propiedad y posesión de la totalidad de los bienes (importados y nacionales) por el término de doce (12) meses posteriores a la puesta en marcha, o hasta la liberación de las garantías (Art. 17º).
• Rendición de Cuentas: Presentación de un informe final auditado por profesionales matriculados independientes (Art. 10º).

 

IV. Secuencia Procedimental y el Instituto del Silencio Positivo

El iter procesal se estructura bajo una lógica de plazos preclusivos y perentorios encaminados a mitigar la morosidad administrativa:

Fase A: Admisión y Despacho Anticipado. El interesado podrá solicitar una Constancia de Expediente en Trámite (CET) para oficializar destinaciones definitivas de importación para consumo de forma anticipada. La CET constituye un acto administrativo de naturaleza precaria, emitido bajo exclusiva responsabilidad del peticionante, que no importa la aceptación técnica definitiva del proyecto. Exige, de forma sine qua non, la constitución de garantías aduaneras en los términos del Art. 453, inc. e) del Código Aduanero. Las autorizaciones de importación poseerán una vigencia de un (1) año, prorrogable por única vez bajo causales técnicas debidamente justificadas o fuerza mayor.

 

Fase B: Ejecución y Puesta en Marcha. El plazo para acreditar la compra nacional computa desde la solicitud hasta un (1) año posterior a la resolución aprobatoria. Asimismo, se fija el plazo máximo de un (1) año desde la aprobación para la Puesta en Marcha (hito técnico del primer parte de producción). La comprobación de destino queda exceptuada de la tasa correspondiente.

 

Fase C: Cierre y Silencio Administrativo Efectivo.

• Plazo del Administrado: Seis (6) meses perentorios e improrrogables desde la puesta en marcha para presentar la Rendición de Cuentas.
• Plazo de la Administración: La Autoridad de Aplicación dispone de seis (6) meses para auditar y resolver.
• Consumación del Silencio Positivo: Transcurrido el plazo de seis (6) meses sin pronunciamiento expreso por parte del Estado, la instancia se considera concluida de pleno derecho, quedando la Administración obligada a la liberación automática de las garantías aduaneras.

 

V. Régimen de Infracciones, Sanciones y Penalidades

El incumplimiento de las condiciones resolutorias tipifica infracciones administrativas que accionan de inmediato la ejecución de las garantías y sanciones pecuniarias acumulativas:

1. Infracciones de Omisión: El silencio del administrado ante requerimientos oficiales o la falta de presentación de la Rendición de Cuentas dentro del plazo de seis (6) meses determinará la ejecución del 100% de las garantías.
2. Desviaciones de Cuantía: Los excedentes aduaneros sufrirán la ejecución proporcional de la garantía (sin perjuicio de las acciones por la comisión de infracciones aduaneras). Si el faltante compromete la autonomía de la línea, la ejecución será total.
3. Violación del Deber de Posesión: La venta, cesión o no instalación de los bienes dentro del plazo legal acarreará la pérdida de las garantías.
4. Dolo por Falsedad Documental: La alteración irregular de información determinará la ejecución de garantías, una sanción accesoria de inhabilitación por tres (3) años para operar bajo este régimen, y la correspondiente denuncia al colegio profesional del técnico interviniente.
5. Defecto en el Cupo Local: El incumplimiento del 10% de inversión nacional penaliza con la ejecución total de las coberturas.

 

Sanción Pecuniaria Complementaria. Ante cualquier supuesto de incumplimiento, la Autoridad de Aplicación adicionará de forma acumulativa e independiente a las previsiones del Código Aduanero:

• Una multa equivalente al 20% de los tributos no ingresados.
• Intereses resarcitorios calculados a la tasa activa máxima del Banco de la Nación Argentina.
• Un recargo punitorio del 2% mensual.

 

VI. Integración Sistémica e Interoperabilidad (VUCEA)

El flujo documental e instrumental para la destinación definitiva de importación para consumo se automatiza a través del Régimen de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA).

Las Licencias, Permisos, Certificados y Otros documentos (LPCO) se validan de forma sistémica y en tiempo real contra el Sistema Informático MALVINA (S.I.M.) al momento de la oficialización de la destinación. Este proceso garantiza un cruce automatizado de control de declaraciones y coberturas entre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Autoridad de Aplicación, dotando al sistema de una altísima seguridad jurídica y trazabilidad operativa.

 

 

 

Fuente: www.NetNews.com.ar