La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) presentó su informe de junio de 2026 sobre la participación del Estado en la renta agrícola. El indicador promedio ponderado para los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol se ubicó en el 61,9%. Esto significa que de cada $100 de renta -entendida como el valor de la producción menos los costos fijos y variables- que genera una hectárea agrícola en el país, $61,90 se destinan al pago de tributos en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal.

 

Si bien la cifra representa una ligera baja de 0,7 puntos porcentuales respecto al 62,5% registrado en la medición de marzo de este año, el dato esconde realidades alarmantes para cultivos clave como el trigo y expone una profunda asimetría federal.

 

Para comprender el verdadero alcance de este número, es necesario desarmar la metodología del indicador. FADA no mide alícuotas impositivas nominales sobre la facturación, sino la relación entre la recaudación fiscal total y el excedente económico neto. Por ende, cuando los costos operativos aumentan de forma desproporcionada o los rendimientos caen, la renta se achica; y como la mayor parte de los impuestos se cobran sobre el valor bruto de lo producido (como las retenciones), el porcentaje de participación estatal salta de manera automática aunque las leyes impositivas no hayan cambiado.

 

El Trigo Bajo Presión

La metodología de FADA analiza cada grano por separado antes de realizar el promedio ponderado nacional, permitiendo identificar qué variables de mercado o de la cadena de valor alteran la ecuación:

•         Trigo (73,6%): Es el caso más crítico del informe. El cereal sufre el impacto directo de un encarecimiento del 49% anual en la urea (fertilizante clave), motorizado por tensiones geopolíticas persistentes en Medio Oriente y disrupciones logísticas severas en el Estrecho de Ormuz. Aunque el gobierno aplicó un recorte en los derechos de exportación (que pasaron del 7,5% al 5,5%) y el precio internacional mejoró un 15,5% respecto a marzo, no fue suficiente para compensar el peso de los insumos dolarizados sobre el margen neto. 
•          Girasol (68,1%): Se posiciona como el segundo cultivo con mayor participación estatal, fuertemente condicionado por sus costos específicos de protección y comercialización. 
•          Soja (61,7%): Mostró una notable estabilidad gracias a un precio local consolidado en torno a los USD 327 por tonelada. Aquí la metodología revela una paridad cambiaria en la estructura de costos: el 53% se compone de variables pesificadas y el 47% de dolarizadas (proporción que sube a 60% si se computa el valor de la tierra). 
•          Maíz (59%): Logró el índice más bajo, pero experimentó un deterioro respecto al trimestre anterior debido a las subas generalizadas en fletes y fertilizantes nitrogenados.
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Fletes un 23% más caros

Uno de los aportes metodológicos más disruptivos del reporte de junio es cómo el transporte se transforma en un multiplicador de la presión fiscal. FADA calcula el impacto del flete terrestre utilizando las tarifas de referencia por kilómetro recorrido hasta los principales nodos de exportación.

En este período, los fletes registraron un incremento del 26% en pesos y un 23,6% en dólares en comparación con marzo de 2026. Al encarecerse el traslado en camión, el valor neto que efectivamente recibe el productor en la "tranquera del campo" (precio FAS teórico menos flete) se desploma.

Como los Derechos de Exportación (DEX) se siguen cobrando sobre el valor FOB total en el puerto, el Estado continúa recaudando lo mismo por tonelada, pero el margen de ganancia del productor en el interior se pulveriza. Así, la suba del transporte termina elevando indirectamente la participación estatal sobre una renta cada vez más devaluada.

El Mapa de las Asimetrías Provinciales

Al cruzar los rendimientos agrícolas promedio (fijados por agencias oficiales y bolsas de cereales) con las distancias geográficas a las terminales portuarias y las legislaciones impositivas locales, la metodología de FADA dibuja un mapa argentino marcadamente desigual:

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA RENTA AGRÍCOLA POR PROVINCIA

(Junio 2026)

 

Entre Ríos:     ????????????????????????????????????? 65,5%

Córdoba:        ?????????????????????????????????? 60,2%

Buenos Aires :???????????????????????????????? 59,0%

La Pampa:      ??????????????????????????????? 58,9%

San Luis:        ??????????????????????????????? 58,2%

Santa Fe:         ????????????????????????????? 55,6%

 

• Entre Ríos (65,5%): Encabeza la presión fiscal relativa del país. Metodológicamente, esto se explica por dos factores: suelos arcillosos que ofrecen rendimientos promedio históricamente más inestables o inferiores a la zona núcleo, combinados con una matriz productiva muy volcada al trigo (el cultivo más castigado por los costos). Menos kilos cosechados equivalen a una renta menor, elevando el peso del Estado al 65,5%. 
• Córdoba (60,2%): A pesar de contar con rindes de excelencia, la mediterraneidad de la provincia la condena a pagar fletes "largos" hacia los puertos del Paraná o del Atlántico, erosionando el beneficio neto. 
• Buenos Aires (59,0%) y La Pampa (58,9%): Exhiben un comportamiento intermedio. Buenos Aires equilibra sus excelentes rindes del norte con fletes más extensos en el oeste y sur, sumado a un esquema de Impuesto Inmobiliario Rural e Ingresos Brutos que añade rigidez al costo subnacional. 
• Santa Fe (55,6%): Registra el índice más bajo de la muestra. La explicación metodológica es puramente logística y agronómica: la provincia concentra los rendimientos por hectárea más altos y estables del país y goza de fletes "cortos" al tener el polo agroindustrial del Gran Rosario (Up-River) dentro de sus fronteras. La renta por hectárea es sustancialmente mayor, lo que diluye el porcentaje de participación estatal.

 

Anatomía de la Torta Fiscal y el Impacto en el Federalismo

Finalmente, el informe analiza cómo se distribuyen los fondos recaudados. Del total de impuestos medidos, el 56,7% corresponde a impuestos nacionales no coparticipables. Este bloque está integrado principalmente por los Derechos de Exportación y el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios (cheque).

FADA destaca un dato histórico: debido a que las retenciones promedio cayeron aproximadamente un tercio desde diciembre de 2023 (donde la soja pasó del 33% al 24% y el maíz del 12% al 8,5%), este componente no coparticipable alcanzó su nivel más bajo para un mes de junio desde 2007 (excluyendo la anomalía por sequía de junio de 2018).

Sin embargo, el 43,3% restante de la torta impositiva se compone de un 32,9% de impuestos nacionales coparticipables (Ganancias e IVA, que regresan parcialmente a las provincias), un 9,3% de impuestos provinciales (Inmobiliario Rural) y  un 1,1% de tasas municipales.

El informe concluye con una advertencia de corte económico y político: el predominio de los impuestos no coparticipables extrae recursos genuinos de las regiones productivas del interior profundo que nunca regresan en infraestructura vial o conectividad, limitando el desarrollo y la competitividad internacional de las economías regionales.

 

 

 

 

 

Fuente: www.NetNews.com.ar