La caída del régimen autoritario que sistemáticamente desmanteló las instituciones, pulverizó la propiedad privada y condenó al exilio a millones de ciudadanos no es solo un evento político; es un imperativo moral. Para quienes defendemos los valores de una sociedad libre y próspera, lo que ocurre hoy en Venezuela representa el colapso definitivo del modelo estatista-populista que ha arrastrado a Venezuela y a ciertos países de América Latina a su declive.

 

La captura de Nicolás Maduro Moros, el pasado 3 de enero, por parte de las autoridades de Estados Unidos bajo la administración Trump, marca no solo el fin de una era de opresión, sino un hito en la aplicación de la justicia transnacional. Desde una mirada internacionalista, este evento podría analizarse bajo el prisma de la Responsabilidad de Proteger (R2P), firmada en la Cumbre de Naciones Unidas del año 2005 y la primacía de los derechos individuales sobre la soberanía malentendida de un Estado fallido. Sin embargo, el R2P no sería aplicable, ya que el Consejo de Seguridad del mismo organismo no ha autorizado a ello, y la causa declarada para la intervención no es de carácter humanitaria sino por narcotráfico.

 

El Derecho Internacional Público, cada vez mas obsoleto?

Aunque la soberanía es un principio rector de la Carta de las Naciones Unidas, plasmado en el Artículo 2.4 de su carta fundacional, el derecho internacional moderno ha evolucionado hacia la protección del individuo. La intervención actual puede encuadrarse en la resolución 60/1 de la Asamblea General de la ONU (2005), que establece que cuando un Estado no protege a su población de crímenes de lesa humanidad, como ha documentado la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela, la comunidad internacional debe actuar. Así también, es fundamental tomar en cuenta la resolución 42/25 del Consejo de Derechos Humanos del organismo mencionado anteriormente, que ha sido renovado por la resolución 57/36 hasta Octubre del corriente año.

 

 

"La caída de Maduro debe servir de catalizador para que jóvenes líderes entiendan que el populismo es el camino más corto hacia la servidumbre"

 

 

 

Un régimen que utiliza el aparato del Estado para el tráfico de estupefacientes y el lavado de activos pierde su inmunidad soberana para convertirse en un problema de seguridad global. Para el pensamiento liberal, el Estado es un contrato para proteger la propiedad y la vida; si el Estado se vuelve "narco-Estado", el contrato se rompe y la acción externa se vuelve legítima bajo el concepto de intervención humanitaria pro-democrática.

 

El llamado a la acción

El liberalismo que promovemos no es solo económico, sino profundamente institucional, adhiriendo estrictamente a la Carta Democrática Interamericana. La transformación cultural debe enfocarse en:

 

La reconstrucción de la República Bolivariana de Venezuela exige, como premisa fundamental, la restauración de la división de poderes planteada por Montesquieu. En este sentido, la experiencia histórica demuestra que la libertad civil y política solo puede prosperar en un ecosistema donde el ejercicio del poder se encuentra estrictamente limitado por la ley y supeditado a un sistema de frenos y contrapesos eficaces. Sin un sistema judicial independiente y una legislatura con capacidad de control real sobre el Ejecutivo, cualquier intento de normalización democrática carecería de sustento institucional.

 

En este marco de seguridad jurídica, la restitución del Derecho de Propiedad debe ser elevada a su categoría de Derecho Humano fundamental, en estricta observancia del Artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El desmantelamiento del aparato expropiador no es solo una medida de reparación económica, sino un imperativo ético y un requisito sine qua non para la reinserción de Venezuela en el sistema capitalista global.

 

No podemos ignorar que la estructura del régimen no se limitaba a una autocracia política, sino que mutó en una organización criminal transnacional. El informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes ha sido claro: el 'Cartel de los Soles' convirtió a las instituciones estatales en una plataforma logística para el narcotráfico global, financiando así la represión interna en el país. Este sistema criminal se sostuvo sobre un historial sistemático de violaciones a los Derechos Humanos, documentado exhaustivamente por la Organización de Estados Americanos y la Misión de la ONU,  que incluye detenciones arbitrarias, torturas en centros clandestinos como “El Helicoide”, “La Tumba”, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), y el “Fuerte Guaicaipuro”, y ejecuciones extrajudiciales.

 

La captura de Maduro no es solo el fin de un gobierno fallido, es el desmantelamiento de una corporación criminal que sometió la vida de sus ciudadanos por el control de las rutas de la droga.

 

El desafío de la transformación cultural en América Latina

El caso de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido injustamente en Venezuela, ilustra cómo las dictaduras afectan no solo a sus ciudadanos, sino a toda la región, violando tratados de derechos humanos y convenciones consulares.

 

La caída de Maduro debe servir de catalizador para que jóvenes líderes entiendan que el populismo es el camino más corto hacia la servidumbre. La reconstrucción venezolana debe ser el leading case para que la iniciativa privada sea el motor de la movilidad social, dejando atrás el modelo de dádivas estatales que destruyó la moneda y el tejido social.

 

Un nuevo amanecer republicano

Concluyendo, la captura de Maduro puede ser para algunos un acto de justicia que resuena en cada rincón de América Latina, y para otros, un desequilibrio en el orden internacional de la región.

 

Sin embargo, la caída del dictador debe resonar en aquellos que, desde la comodidad de sus despachos en otras capitales del continente, guardaron un silencio cómplice o pretendieron romantizar una tiranía bajo el disfraz de la justicia social. La lección es inflexible: no hay soberanía que valga cuando se utiliza para amparar el crimen y la tortura.

 

No es el fin de la historia ni una paz duradera, sino el inicio de una ardua tarea de reconstrucción cultural y política. Para quienes abrazamos el pensamiento liberal, este momento exige un gran compromiso, debemos asegurar que el vacío dejado por el autoritarismo sea llenado por la libertad económica, el respeto absoluto a los derechos humanos y un sistema democrático que abrace las instituciones para que nunca más permita el ascenso de un autócrata.

 

Venezuela hoy vuelve a ser esperanza. La libertad, una vez que despierta, es imparable.

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.NetNews.com.ar