Aranguren y Dietrich.

La empresa Logística y Servicios Marítimos ganó la compulsa de precios lanzada por Enarsa junto con el Ministerio de Transporte para la atención de los buques de GNL que traerá la Argentina y que operarán en Bahía Blanca y Escobar. Sin embargo, a poco de su anuncio todo fue frenado con la aparición de la Oficina Anticorrupción, de Laura Alonso.

Para Juan José Aranguren, dicen que no hay nada peor que la falta de transparencia. Por eso, ordenó suspender la adjudicación definitiva a Servicios Logísticos y Marítimos hasta que no se aclare la cuestión.

¿Qué ocurrió? "Enarsa bajó los costos un 36%, lo que significa que pagó un 36% en dólares de más", celebró en aquellos días el ministro Guillermo Dietrich. La empresa que presentó la oferta más económica lo hizo merced a un joint con la naviera Maersk para traer 9 remolcadores. Bajó, es cierto, un 36% los costos. Pero lo hizo respecto a los contratos anteriores, a cargo de Marítima Meridian.

Sucede que la ganadora Logística y Servicios SA y Marítima Meridian SA son un grupo empresario, y comparten tanto sede social como presidente y director suplente, de la familia Samarin.

Debido a ello, las Cámaras de Practicaje y Pilotaje de Lanchas de Prácticos,  la Cámara de la Industria Naval Santafesina (CASIN) y de la "Mesa de Concertación" , hicieron una presentación ante Enarsa y la Oficina Anticorrupción. Además, pusieron en duda la adjudicación, luego de que la empresa que quedara en segundo lugar, Trans Ona, impugnara el concurso ganado por el grupo familiar Samarin, que perdió con apenas una oferta del 8% más cara que el holding internacional, sumado a que la naviera mundial no contaba siquiera con los remolcadores, siendo que el pliego de licitación era explicito en este sentido: "Los oferentes deberán tener barcos aptos para el servicio requerido al momento de realizar la oferta".

Hace un tiempo ya, por orden del presidente, Dietrich había bajado línea al único funcionario que atiende estos asuntos: Jorge Metz, Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, para que antes del mes de octubre, bajara los costos inherentes al negocio naviero drásticamente para dar impulso a la competitividad de nuestro productos reduciendos los gastos de transporte: el costo del remolque -el servicio por el que un buque es asistido por embarcaciones menores en su entrada y salida de los puertos-, el practicaje - el asesoramiento al capitán de una nave brindado por un profesional de la navegación con habilitación para ello-, como así también los peajes que pagan las naves para navegar por canales y algunos otros más.

Metz, por su parte, cargó en duros términos contra las empresas locales de la industria marítima. "Hay sobrecostos generados por todo el sector. En estos meses encontramos distorsiones de precios en los convenios colectivos de trabajo, que afectan a la Marina Mercante, que desapareció en los últimos años", cuestionó. "Vemos que el costo de los servicios de remolque ha aumentado un 500% en dólares en los últimos años y la tarifa de los servicios de practicaje también tuvo un impacto en dólares muy fuerte. Estamos decididos a bajar esos costos para mejorar la competitividad", enfatizó.

El servicio del remolque es el que entró aquí en cuestión. El tema naviero y la crisis energética, de hecho, comparten un punto en común: la importación de gas licuado por vía marítima y la necesidad de contar en forma permanente con dos buques regasificadores que reciben el gas licuado de los "gaseros", lo vuelven a llevar al estado gaseoso y lo inyectan en la red domiciliaria. Ese negocio es sideral, no solo por el valor del gas en sí, sino por la gran cantidad de servicios porturarios involucrados y uno de ellos es precisamente el remolque.

De ahí que la denuncia presentada en la Oficina Anticorrupción está direccionada contra Enarsa, y también contra la Subsecretaría que dirige Jorge Metz, funcionario que responde a Dietrich.

Según las mismas presentaciones, la actual conducción de Enarsa que encabeza Hugo Balboa no procedió a revisar la estructura de los sobrecostos portuarios y marítimos de las naves de GNL que había sido diseñada por la agencia de Safmarine durante el Gobierno de Kirchner.

La cámaras también señalaron que se continúan contratando más remolcadores de los necesarios y advirtieron que la agencia de Samarin nunca le traspasó a la estatal Enarsa -que era la que pagaba todos los gastos- las bonificaciones del orden de US$150.000 que obtenía de las empresas de remolque y practicaje por cada buque de GNL que ingresaba al país.

En el caso específico de Trans Ona, la denuncia apuntó a tres aspectos clave de la oferta de la empresa Logística y Servicios Marítimos  y Maersk que no se ajustaron al pliego licitatorio y que Enarsa pasó por alto.

Por ejemplo, según detalla el sitio 'La Política Online', los nueve remolcadores ofrecidos por Maersk no estaban matriculados en la Prefectura Naval al momento de presentación de la oferta, tal como exigían las bases y condiciones de la licitación.

Si bien Logística y Servicios Marítimos es una empresa argentina, lo que ofrece para remolque son unidades extranjeras que no se encuentran inscriptas legalmente y no se ajustan a las reglas del Compre Argentino.

La oferta también viola la ley de cabotaje que establece que la navegación, comunicación y comercio internos serán practicados únicamente por naves argentinas. En caso de que no haya buques locales, las unidades afectadas al servicio deben contar con permisos excepcionales otorgados en forma previa, requisito que los remolcadores que propuso traer del exterior Maersk no tienen cumplido.

Ante las denuncias, la titular de la OA, Laura Alonso, puso al frente del caso al investigador Principal, Lucas Trigo, quien comenzó a solicitar información y documentación tanto a Enarsa como a los denunciantes.

Al día de hoy, sus interlocutores dudan que Alonso hubiera entendido que los imputados son dos miembros de su propio gobierno: "les voy a poner a mi mejor investigador", habría dicho según fuentes de Urgente24.

Sostienen que el complicado ministro Aranguren, a quien el tema tarifas no le han dejado margen para errores, quiere descargar el conflicto sobre su par Dietrich, quien una vez manifestara en público que "para todo lo que tenga que ver con barcos, tengo solo diez minutos". Pues, parece que ahora tendrá que dedicarle más tiempo...

Cabe destacar que la conducción de Enarsa decidió congelar la adjudicación, a la espera de la opinión final de los funcionarios que dependen de Alonso.

Los técnicos de Enarsa sostienen que el problema fue generado por Metz y Dietrich.

Hasta la fecha, Maersk tiene la concesión para operar hasta 2019 la Terminal 4 del Puerto de Buenos Aires. Concentra casi el 20% del tráfico mundial de contenedores y es una de las principales líneas marítimas que moviliza las cargas de importación y exportación del país.

Por la demora registrada con la adjudicación del contrato de Enarsa, los directivos de Maersk resolvieron abrir el paraguas y dejar anclados en el puerto de Montevideo, Uruguay, a cuatro de los nueve remolcadores que estaban trayendo a Argentina.

Fuente: Urgente24

Fuente: www.NetNews.com.ar