Jueves, 22 de Octubre de 2026 | 02:10

La Herencia del Tap (El Puerto de Buenos Aires, en Comodoro Py)

La denuncia penal de Villada/Carrió es contra un entramado de corrupción detectado en el Puerto de Bs As durante el periodo 2011/2015. Piden que se investigue el cobro bajo extorsión de un seguro para obtener un certificado. 

 

Transporte Argentino Protegido (TAP), el certificado creado entre partes para ganar dinero

 

Comodoro Py es una usina de noticias. Esta vez, la mirada está puesta en el Puerto de Buenos Aires, donde entre 2011-2015 se habría generado un sistema de corrupción para el enriquecimiento de particulares y funcionarios y evasión agravada, en torno a la exigencia de un certificado nominado “Transporte Argentino Protegido” (TAP), operado en el puerto, que condicionaba el ingreso y egreso de contenedores. 

Efectivamente, las legisladoras Leonor Martínez Villada y Elisa Carrió solicitaron se investigue la operatoria referida y, en ese sentido, piden citen a indagatoria a la ex presidente de la Nación, Cristina Kirchner y al ex ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo bajo quienes estaba el control del único puerto del Estado Nacional.

"Sin la complicidad de estos funcionarios hubiese sido imposible para las terminales exigir el pago de los 85 dólares por contenedor en beneficio de una empresa privada como es APC S.A.", indicó Gregorio Hernández Maqueda, el abogado de las diputadas.

Se estima que el costo para los operadores portuarios significó un 12% de más por cada pago y que los daños al Estado Nacional serían enormes toda vez que por el puerto pasan cerca de 600.000 contenedores al año.

Hechas las cuentas, dicen, queda demostrado que el TAP incrementó los precios logísticos del comercio nacional afectando la competitividad del comercio exterior argentino en el período de su funcionamiento, esto es, entre los años 2011-2015.

 

Los documentos que eximen a los funcionarios medios involucrados

 

El TAP era un seguro de riesgos bajo la forma de certificado que nació en 2011 gracias a un convenio firmado entre IVETRA S.A, APC S.A (Daniel González, accionista mayoritario), Bureau Veritas, la Cámara de Terminales concesionarias del Puerto de Buenos Aires y la Cámara de Importadores de la República Argentina. Y lo que se cuestiona, también, es la legitimidad de dicho certificado, es decir, si existieron o no los avales que harían eximir de culpa a las autoridades del Estado Nacional que formaron parte de la operatoria.

En ese sentido, vale destacar que existe un documento de 2011 que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia dirige al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Secretaría de Comercio, aprobando la operatoria en los siguientes términos: “El sistema TAP no parece haber sido ideado para extender el poder de mercado a un pequeño segmento de mercado de seguros, perjudicando a transportistas importadores y exportadores, sino que por el contrario parece apuntar a reducir y cubrir riesgos, prevenir siniestros y generar certidumbre sobre los derechos y obligaciones de todos los actores que intervienen en el proceso, todo lo cual no puede menos que generar un beneficio para el interés económico general. Por lo tanto la implementación del sistema TAP no disminuiría los volúmenes comercializados ni generaría distorsión de la competencia en el mercado, no implica mayor costos para los exportadores e importadores, sino por el contrario disminuye costos de transacción e información así como los riesgos generando mayores eficiencias.

En virtud de lo expuesto , esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al señor secretario de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, disponer el archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo dispuesto por el art 31 de Ley nro. 25 156.”, argumenta el documento.

 

Abusivo, por su monto; monopólico, por su aplicación

 

En su momento, Enrique Mantilla, Pte. de la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), sostenía que la eliminación del certificado TAP era necesaria pues perjudicaba muy especialmente al sector agroindustrial toda vez que su precio aumentaba los costos logísticos.

El gobierno argentino recogió el guante, bajo la creencia de que quitando trabas y extra costos se facilitaría el comercio exterior argentino y así fue que, en 2016, la Administración General de Puertos (A.G.P.) intimó a los concesionarios a dejar de exigir el certificado Transporte Argentino Protegido TAP, dando lugar a la demanda histórica del sector exportador.

Tan pronto fue conocida la noticia, el Titular de la Cámara de Puerto Privados Comerciales, Luis Zubizarreta, también valoró la supresión de la obligatoriedad del certificado que establecía un sistema de seguros para los contenedores, afirmando que de ese modo se reducirían los costos en un 15%. “La eliminación de gravámenes como el TAP, abusivo, por su monto y monopólico, por su aplicación, es correcta”, dijo en su momento.

 

IVETRA S.A (Instituto Verificador del Transporte S.A.), la palabra que siempre suena

 

El seguro de Transporte Argentino Protegido (TAP), exigido con obligatoriedad a todos los operadores de las terminales portuarias de Buenos Aires, fue escandaloso desde su implementación por tratarse de un seguro de carácter “obligatorio”. Esa condición monopólica, limitante, restringía el ingreso y/o egreso de los contenedores a las terminales por lo que, principalmente en un principio, generó suspicacias.

En un mercado en el que cualquier otra aseguradora hubiese cotizado 8 dólares la operación, el TAP, ideado por IVETRA (compañía ligada al sindicalista Hugo Moyano), cobraba 85 dólares sin posibilidad alguna de que los operadores portuarios pudieran contratar otro seguro.

El certificado se exigía “coercitivamente”, como parte de un convenio firmado entre las partes: IVETRA S.A (Instituto Verificador del Transporte S.A.), la firma ligada a Moyano y supuestamente creadora del negocio; APC S.A, (Administrative Processing Center S.A.), cuyo accionista mayoritario está especialmente involucrado; Bureau Veritas, la Cámara de Terminales Concesionarias del Puerto de Buenos Aires y la Cámara de Importadores de la República Argentina.

Todos ellos a su vez, operaron bajo la órbita del Ministerio del Interior y Transporte que, a su vez, comandaba la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGP S.E.), ente con poder de policía en el ámbito portuario.

 

Por Lic. Marcela V Jaimes

@MarcelaDesafio

 

Fuente: www.NetNews.com.ar

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