Luego de siete años de intensas negociaciones, la Unión Europea y Canadá firmaron el 29 de octubre el Acuerdo Comercial y Económico Integral (Comprehensive Economic and Trade Agreement, más conocido como CETA).

El Acuerdo, considerado el más ambicioso negociado hasta ahora, abarca a unos 545 millones de personas, 35 millones de canadienses y 510 millones de europeos, y tendrá un impacto anual de 12.000 millones de Euros en la economía de la UE y la de 8.000 millones en la de Canadá.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que el Acuerdo fijará los estándares de la veintena de Acuerdos de Libre Comercio que negocia la UE con otros países.

El CETA suprimirá aranceles de importación, aceptará la homologación recíproca de normas industriales, convalida títulos universitarios, refuerza la protección de patentes y abre los mercados de licitaciones públicas, entre otros puntos. 

Sectores ecologistas y progresistas criticaron el acuerdo y denunciaron que fue redactado para favorecer a empresas multinacionales y temen que temen que el CETA pueda reducir los actuales estándares ambientales y de protección al consumidor. Entre los puntos más controvertidos se encuentra el sistema de tribunales privados de arbitrajes, previstos para resolver litigios entre inversores y Estados. 

El CETA prevé un tribunal de 15 magistrados y como las ONGs, lideradas por el gobierno de Bélgica temían que los jueces fueran abogados vinculados a intereses privados, se modificó el esquema para que fueran la UE y Canadá los que designaran a los magistrados en vez de las empresas y los Estados. Además, introdujeron el derecho de apelación y elevaron las exigencias éticas que debían cumplir los jueces. De todos modos, el tribunal no estará vigente durante el período de aplicación provisional del CETA, tras su firma y aprobación por parte de los parlamentos de la UE y Canadá, a la espera de la ratificación de los 28 países del bloque, trámite que se estima durará por lo menos dos años.

Los opositores al Acuerdo lo catalogaron como un “caballo de Troya” del TTIP, el polémico acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos.
Junto al TTIP, en el futuro también la UE deberá negociar el tratado con el Mercosur, cuyas negociaciones empezaron en 1999, se congelaron cinco años y se retomaron en 2010. Actualmente los gobiernos de la Argentina y Brasil impulsaron las listas de intercambios de productos a ser liberados, pero todavía existe una gran resistencia por parte de países como Francia y Alemania a permitir la liberalización de productos agrícolas en el acuerdo. Lo importante es que se fijen plazos, aunque sean extensos, para poder acceder a los mercados de la UE y para que los productos de ese origen puedan competir en los del Mercosur. De este modo se dará previsibilidad a futuro para que las industrias se reconviertan y estén en condiciones de competir.

Por Carlos Moyano Walker

Fuente: Fundación ICBC