Cómo cree que el gobierno tendría que haberse manejado con el aumento de las tarifas? 

Debió haber convocado desde el vamos a la realización de Audiencias Públicas no sólo para la fijación de la tarifa (en transporte y distribución), sino también para la determinación del precio del gas en boca de pozo. El CERES advirtió en marzo y junio de este año que la cuestión tarifaria corría el riesgo de judicializarse si los procedimientos no se ceñían a lo que la ley establece.

Cómo quedan las empresas de servicios frente al fallo de la Corte Suprema? 

Las empresas están cada día peor, porque no cobran las nuevas tarifas ni reciben los subsidios tal como lo venían percibiendo hasta fines del año pasado. 

 Es posible que pierdan más aún? 

Si no se encuentra una solución pronto al asunto seguirán perdiendo cada vez más y terminarán poniendo en peligro la prestación del servicio. 

Quién paga ésta pérdida? 

La vinculada a los subsidios a la energía la paga el Tesoro Nacional, léase: los contribuyentes con sus impuestos, sin contar la emisión de moneda del BCRA para cubrir el déficit público creciente que, sabido es, se traslada a precios vía inflación.

Se habla de crisis energética y fácilmente cualquier ciudadano puedo apreciarlo cada vez que sufre los cortes en el servicio- pero extrañamente este invierno no han habido prácticamente cortes de luz ni reducción o cortes de gas ¿a qué atribuye estos hechos?

A la recesión económica. La Argentina hace casi cinco años que no crece. Si el país recupera su crecimiento, que es lo que la gente espera y a lo que el gobierno apunta, el cuello de botella en materia energética se volverá caótico, si es que no se toman medidas en el sector. Corremos serio riesgo de no tener energía.

Qué factores debería tener en cuenta el Gobierno para reformular el aumento de las tarifas?

Entendemos que la toma de futuras decisiones en materia tarifaria por parte de la administración debe observar los principios de razonabilidad, proporcionalidad y gradualismo para que resulten aplicables. En este necesario proceso de recomposición en curso de precios y tarifas del sector energético resulta imprescindible considerar los niveles de ingreso de los hogares, toda vez que los aumentos impactan directamente en las canastas de consumo de bienes y servicios, afectando en consecuencia su calidad de vida.

El costo del fallo de la Corte sobre las tarifas asciende a US$ 1.323 millones

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anuló los aumentos de tarifas residenciales de gas practicados en abril pasado, imponiéndole al Gobierno la realización de audiencias públicas no sólo para fijar la tarifa de transporte y distribución, sino para determinar el precio del gas en boca de pozo, tiene un costo fiscal de 1.323 millones de dólares (unos 20.000 millones de pesos).

Según el informe realizado por el CERES, el costo derivado de no aplicar los cuadros tarifarios tal cual fueran concebidos para los usuarios residenciales resulta de 716 millones de dólares. En adición, el sobrecosto que debería afrontar CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA) por el pago de gas a usinas a precios de abril sería de 607 millones de dólares.

Fuente: www.NetNews.com.ar