Los primeros episodios arrancaron con las celebraciones por la apertura de sobres y un poquito de emoción trajo el “olvido” de los brasileños de presentar garantías como primer —u único— requisito excluyente, una situación realmente inexplicable, cuando de pronto surge el bombazo: documentos atribuidos a Naciones Unidas bajo sospecha, pericias informáticas, hashes criptográficos anclados en blockchain y una presentación judicial que habla de posible “falsificación y uso de documento público falso”.

Sí, todo eso alrededor de una licitación pública argentina. Parece joda, parece ficción, pero no: se trata simplemente del accionar de las castas en sus máximas expresiones. Sí, en esta historia hay muchos lobbies con distintos intereses.

Pero, volviendo al escándalo ANPYN-UNCTAD, la nueva ampliación a la presentación realizada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por el abogado argentino Eduardo Barcesat, en representación de la empresa brasileña DTA Engenharia, pone el foco sobre dos documentos utilizados en el proceso licitatorio que le fueron atribuidos a la UNCTAD, organismo dependiente de Naciones Unidas.

Según el escrito, esos documentos no serían simples anexos decorativos. El problema es bastante más delicado, dado que en el artículo 30 del pliego se utiliza el denominado “Modelo económico de la concesión – UNCTAD” para fijar bandas económicas que podrían incluso dejar afuera ofertas consideradas fuera de rango. Dicho en otras palabras, documentos atribuidos a la UNCTAD podrían haber tenido impacto concreto sobre quién seguía y quién quedaba afuera de una licitación valuada en unos 15.000 millones de dólares.

Y acá empieza el festival técnico.

El informe forense encargado por la firma denunciante sostiene que ambos PDF presentan inconsistencias incompatibles con los estándares habituales de documentación institucional de Naciones Unidas. Entre los puntos señalados aparecen:

• Metadatos que indican que los archivos fueron creados en Microsoft Word 365 y no mediante sistemas editoriales habituales de la ONU.
• El autor del documento principal figura como “Pp Pp”, una identificación que parece más salida de un meme de internet que de un informe técnico atribuido a Naciones Unidas.
• El documento complementario identifica como autor a “Rafael Escutia”, vinculado comercialmente a una consultora española, “Port Insight Consulting S.L.”.
• Ambos archivos fueron creados el mismo día y con apenas una hora y media de diferencia.
• Las supuestas firmas visibles no serían firmas digitales válidas sino simples imágenes rasterizadas pegadas dentro del PDF.
• No existirían códigos editoriales, ISBN, numeración institucional ni otras huellas típicas de publicaciones UNCTAD.
• Y quizás el detalle más curioso: en el artículo del pliego que puede descalificar ofertas aparece cuidadosamente conservada la palabra “UNCTAD”, pero dentro del propio anexo técnico ese nombre desaparece y el documento pasa a llamarse simplemente “Plan Económico Financiero de la Concesión”.

Los denunciantes aclaran que ninguno de esos elementos prueba, por sí solo, una falsificación. Pero sostienen que el conjunto de inconsistencias justificaría una respuesta oficial de la propia UNCTAD y, eventualmente, medidas judiciales.

Y ahí es donde la historia deja de parecer una serie para convertirse en un problema serio.

Porque si la PIA considera que existen elementos suficientes para avanzar, eso podría transformarse en un insumo importante para futuras acciones judiciales. La Procuraduría no tiene facultades directas para anular, por sí sola, la licitación, pero sí puede impulsar investigaciones, producir prueba, formular denuncias penales y abrir una puerta institucional que luego termine escalando en tribunales federales.

Mientras tanto, el tablero político alrededor de la Hidrovía sigue mostrando algo bastante argento: todos parecen jugar su propia partida.

Desde el oficialismo libertario aparecen señales geopolíticas alineadas con ciertos intereses internacionales, con una marcada desconfianza hacia China y una denuncia pública contra los macristas, acusándolos de haber saboteado la primera licitación —hecha a medida de Jan de Nul— por tener intereses en la otra empresa también postulante, DEME. Del otro lado, el empresario brasileño denunciante habló públicamente de construir remolcadores en Astilleros Río Santiago e incluso de avanzar con el Canal Magdalena, dos banderas históricamente asociadas al kirchnerismo y particularmente al universo político de Axel Kicillof.

Así, libertarios, kirchneristas, empresarios brasileños, intereses regionales, consultoras internacionales y organismos multilaterales parecen discutir poder, influencia y negocios alrededor de la Vía Navegable Troncal.

El problema es que, en medio de semejante novela, cuesta encontrar a alguien discutiendo seriamente el interés estratégico del comercio exterior argentino o el impacto ambiental acumulado sobre el sistema fluvial. Y mucho menos cuánto se encarecerá el costo logístico para las pymes y productores agropecuarios argentinos, que podrían, según especialistas, tener una tarifa cercana a los tres dólares en vez de los casi 6 que fijó el gobierno libertario en sus pliegos, en una lógica bastante poco libertaria.

Fuente: www.NetNews.com.ar