Discutir el destino de la Universidad pública gratuita bajo parámetros políticos resulta poco objetivo y seguramente arrojará resultados alejados del bien común.

 

La buena noticia es que una vez más el tema vuelve a la mesa del debate, con la llegada de un nuevo gobierno que busca transparentar todas las gestiones donde el Estado participa. Un principio básico de las buenas prácticas, considerando que se trata de la administración de los fondos de la ciudadanía, que ya no debería ser vista como la caja negra secreta de financiamiento político o de algunos oportunistas.

 

Para comenzar el debate, el primer paso podría ser la realización de un censo o, al menos, que las administraciones universitarias transparenten datos básicos: ¿cuál es la cantidad exacta de estudiantes? ¿Son alumnos nacionales, extranjeros o residentes? ¿Están cursando carreras de grado, maestrías, posgrados o doctorados? ¿Cuántos estudiantes de nivel secundario dependen de la universidad? ¿Cuántos alumnos hay por edificio? ¿Desde cuándo cursan? ¿Son alumnos regulares? ¿Cuántos edificios tiene cada universidad y cuál es el tamaño de cada uno? ¿Cuáles son los gastos? ¿Cuántos profesores están asalariados y cuántos trabajan ad honorem?

 

Otra pregunta no menos importante es si la Universidad cuenta con financiamiento propio. En este punto la información púbica es nula, sin embargo según pudimos averiguar que todas ellas cobran aranceles por especializaciones, maestrías y doctorados.

 

A modo de ejemplo la duración y valor mínimo de una especialización en la FUBA es de 368 horas equivalentes a 23 créditos (1 crédito= 16 horas) más inscripción (2 créditos) siendo el valor del crédito de 20.500 pesos. Los extranjeros pagan en dólares con un valor de crédito más alto. En Arquitectura  el arancel de un doctorado para un extranjero comienza con una matrícula de U$S 950 dólares, y 150 dólares la hora de clase con un mínimo de 16 hs. mientras en la de Derecho un posgrado tiene un valor promedio de 5.000 pesos la hora.

 

 

Las Propuestas

 

La Fundación Libertad y Progreso elaboró un informe con distintas alternativas en búsqueda de hallar un sistema más equitativo.

El modelo actual, que data de 1949 con la implementación del decreto 29.337/49, fue diseñado para garantizar el acceso gratuito a la educación universitaria. Sin embargo, la Constitución de 1994 plantea tanto la gratuidad como la equidad, abriendo un espacio de debate sobre la posibilidad de implementar un arancel diferenciado que refleje la capacidad de pago de los estudiantes y garantice el acceso a quienes no puedan costearlo.

 

El informe presenta cinco propuestas alternativas para reformar el financiamiento universitario:

 

Arancelamiento Selectivo Segmentado: Basado en datos de ingresos, se propone que el 37,7% de los estudiantes (pertenecientes a los dos quintiles más altos) paguen una cuota mensual completa ($168.712) y el 20,4% de ingresos medios paguen la mitad ($84.356). El 41,9% restante mantendría la gratuidad. Este esquema permitiría autofinanciar la universidad sin depender del presupuesto nacional, blindando así su autonomía.

 

Arancelamiento con Aportes del Estado: Mantiene la segmentación, pero con un aporte estatal para cubrir a los sectores de menores ingresos, reduciendo las cuotas mensuales a $80.138 para los de altos ingresos y $40.069 para ingresos medios. Este esquema seguiría requiriendo fondos públicos, lo cual limitaría la independencia de las universidades, pero garantizaría un alivio financiero a las familias.

 

 

Préstamos Educativos Subsidiados: Se propone un esquema de créditos con tasas subsidiadas y garantías estatales para aquellos que no pueden pagar la totalidad de su cuota. El reembolso comenzaría una vez que el graduado se inserte en el mercado laboral. Este sistema, similar a los aplicados en Estados Unidos y Chile, traslada el financiamiento hacia el futuro, dependiendo del éxito laboral del egresado.

 

Fondo de Solidaridad Universitaria: Los graduados que hayan recibido becas deberán realizar aportes a un fondo solidario, devolviendo así el valor de la educación recibida en forma de un porcentaje de sus ingresos futuros. Este modelo ya es utilizado en Uruguay y busca generar un compromiso mutuo entre estudiantes, graduados y la universidad.

 

Becas y Donaciones Privadas: Las universidades deberían incentivar la creación de fondos de becas financiados por empresas e instituciones privadas. Para fomentar estas donaciones, se propone ofrecer exenciones impositivas. Este enfoque introduciría capital privado en la educación, reduciendo la dependencia del presupuesto público.

 

Otras alternativas adicionales

 

Ingresos por consultoría e investigación: Las universidades podrían generar ingresos genuinos a través de servicios y proyectos de investigación, vinculando a los estudiantes con el sector privado.

Aranceles simbólicos para estudiantes de menores ingresos: Un pequeño aporte de los estudiantes que acceden de manera gratuita podría ayudar a equilibrar el sistema y a que todos contribuyan simbólicamente.

 

 

Para la Fundación Libertad y Progreso el debate sobre el financiamiento universitario en Argentina no se centra solo en garantizar fondos, sino en cómo distribuirlos de manera justa. Si bien en las propuestas no tienen en cuenta los actuales ingresos que genera cada universidad, ni tampoco proponen un sistema de transparencia que incluya auditorias externas, por ejemplo, ninguna de las propuestas elimina la gratuidad para quienes la necesiten, sino que busca que quienes puedan pagar lo hagan, liberando recursos para sostener a los estudiantes de menores ingresos y mejorando así la autonomía de las universidades.

 

 

Fuente: www.NetNews.com.ar