Finalmente, el Congreso aprobó la ley que levanta el cerrojo que impedía cerrar el acuerdo con los fondos buitre. Independientemente de que el arreglo del conflicto genere una importante entrada de capitales del exterior, era necesario terminar con este problema por tres razones:

• por un lado, los pagos bloqueados a los que entraron en los canjes de 2005 y 2010 ya superan los US$ 3.000 millones. Es razonable esperar que el riesgo de aceleración de la deuda y de un nuevo default de la Argentina aumentara en la medida en que se postergara la normalización de esos pagos (lo que requería una  solución al conflicto en Nueva York).

• en segundo lugar, el gobierno nacional tiene vencimientos en moneda extranjera por algo más de 40.000 millones de dólares en los próximos cinco años. Es habitual que los países financien una parte importante de los vencimientos con emisión de nueva deuda. Dadas las limitaciones del mercado financiero local y del interés que pueden despertar bonos emitidos bajo ley argentina es razonable pensar que el gobierno nacional hubiese enfrentado restricciones crecientes a la hora de conseguir las divisas para hacer frente a vencimientos de deuda emitida durante los gobiernos kirchneristas. En el pasado reciente, esas restricciones se sortearon utilizando reservas del Banco Central que hoy no están disponibles.

• en tercer lugar, las provincias y las empresas privadas podrán acceder a créditos internacionales a menor costo si se arregla el conflicto. Un ejemplo de ello es el costo de la emisión de deuda externa de la Provincia de Buenos Aires en 2016 respecto de la emisión de 2015 (un mayor costo respecto del EMBI+ de 3 puntos respecto de 4.4 puntos el año pasado).

Es difícil proyectar cuántos capitales podrán entrar luego del acuerdo, pero si puede estimarse el volumen que deben tener para poder impactar en la actividad económica. Para ello, importan los flujos netos, es decir los que superan a los pagos que el sector público y el privado deben realizar por la deuda y el patrimonio existente. Si se suman a la emisión para poder pagar a los fondos buitres, los servicios en moneda extranjera del gobierno nacional y los pagos retenidos a los que entraron en los canjes se llega a un total de pagos del orden de los US$ 22.000 millones. A ese monto hay que agregar el servicio de deuda financiera del sector privado y de las provincias, y los dividendos nuevos que quieran girar las empresas multinacionales radicadas en el país. Ello totalizaría alrededor de US$ 10.000 millones adicionales. En otras palabras, recién después que ingresen US$ 32.000 millones, cada dólar adicional ayudará a la recuperación de la economía. De ese total habrían ingresado en lo que va del año menos
del 10%.

Aún si los mercados de deudas y de equity no aportaran esos dólares, el gobierno tiene otra opción en el blanqueo de capitales. De todas maneras,
hay un efecto moderador sobre la actividad que es el impacto sobre el tipo de cambio real de una entrada neta muy importante, aunque en el corto plazo predominará el efecto positivo del volumen de fondos más que el negativo de un tipo de cambio real que se atrase. Y, obviamente, está el impacto negativo de Brasil sobre la Argentina: a la fecha las exportaciones de nuestro país a ese destino cayeron en alrededor de US$ 600 millones mensuales o algo más de un punto del PIB sin que se avizore una solución a la difícil situación político y económica que enfrenta nuestro principal socio comercial.

Entonces existe un riesgo para la recuperación de la economía en el segundo semestre del año que dependerá de qué fuerza predomine, además de la necesaria reducción en la tasa de inflación mensual que seguramente aumentará en abril respecto de la banda de 3 a 4% al mes en que se movió desde diciembre a marzo.

En un contexto de mayor estabilidad del tipo de cambio nominal y ausentes los fuertes ajustes de precios relativos, la tasa de inflación debería moderarse bastante a partir del mes de julio. El gobierno ha deslizado un objetivo ambicioso de 1% al mes que parece difícil de lograr sin sacrificar la recuperación económica.

Dada la dominancia fiscal sobre la política monetaria, se requerirían de altas tasas de interés para lograr una esterilización que permita una

expansión tan baja de los agregados monetarios en la segunda mitad del año. Llegar al 1% mensual con altas tasas reales de interés o atrasando el tipo de cambio real sería una victoria a lo Pirro que el gobierno debería evitar. Es más razonable postergar ese objetivo inflacionario para finales del año próximo.

Finalmente, es posible que luego del acuerdo con los fondos buitre se conozcan más detalles de la política fiscal y monetaria. Luego del ajuste de caja del primer bimestre del año -que no ha podido mantenerse en marzo-, se requieren mayores precisiones para que los objetivos fiscales sean creíbles. Con salarios y jubilaciones aumentando por encima de la inflación , luce complicado alcanzar un crecimiento real nulo del gasto en lo que resta del año.

Y no menos importante será conocer la visión del gobierno respecto del crecimiento económico. Los problemas de Brasil pueden explicar que subsistan y se profundicen paliativos de todo tipo. Pero las reglas para actuar ante un vecino de tamaño tan desigual deberían tener en cuenta los siguientes puntos: en primer lugar, aceptar que el tipo de cambio debe hacer su trabajo. Buscar paliativos que sustituyan a la depreciación de la
moneda local ante un shock externo adverso genera muchos más costos que beneficios.

En segundo término, evitar incentivos permanentes para atender un problema coyuntural. Un ejemplo de lo que no hay que hacer es dar incentivos fiscales muy generosos como prevé el proyecto que procura aumentar el contenido nacional en la fabricación de automotores. En cambio, el gobierno debe concentrarse en instrumentos que sean rápidamente reversibles y apuntando a sostener el empleo privado en los sectores en riesgo. Habría que apuntalar los programas de empleo que ya existen en lugar de insistir con desgravaciones impositivas que favorecen a los accionistas que
luego se perpetúan en el tiempo, como atestigua el régimen de Tierra del Fuego que se ha mantenido sin cambios a pesar de lo exagerado de sus beneficios.
 

Fuente: Fundación FIEL