Tras días y horas de angustia y muy alta incertidumbre, el gobierno anunció el viernes que llegó a un nuevo acuerdo con el FMI. Gracias a este nuevo entendimiento, el FMI se compromete a prestar al país todos los fondos que necesita para pagarle al organismo. Así, se pospone el pago de la deuda que, a partir de 2024, deberá amortizarse completamente en un período de 10 años.

El gobierno, por su lado, se impone tres objetivos. Uno en materia de déficit fiscal, donde promete cerrar 2022 con 2,5% de déficit contra el PBI, 2023 con 1,9% y 2024 con 0,9%. Otro en materia monetaria: los pesos que emite el BCRA para financiar el déficit caerán a 1% del PBI en 2022, 0,6% en 2023 y a 0% en 2024.

Por último, se anunció que la tasa de interés de los plazos fijos (que hoy oscila en 39% contra una inflación de 50%) subirá para ofrecer rendimientos reales positivos.

Luces y preguntas

Días antes del anuncio, los mercados anticipaban un cada vez más probable incumplimiento con el organismo multilateral de crédito. Así, el riesgo país subió y la brecha cambiaria llegó a su máximo de 15 meses. Las expectativas no eran antojadizas: el gobierno no daba definiciones y una serie diputados del propio oficialismo comenzaba a declarar públicamente que las consecuencias de un default no serían tan importantes.

Uno llegó a decir que si bien era un problema no cumplir con los pagos, nadie veía que el gobierno podía quedarse con los dólares si decidía unilateralmente no pagar. Este razonamiento es análogo al del ladrón que piensa que sería un problema ir preso, pero que nadie piensa en el beneficio de obtener plata sin trabajar.

Así las cosas, y en comparación con un posible escenario de caos financiero, haber llegado a un acuerdo con el FMI es netamente positivo. El acuerdo hace que el riesgo de default caiga marcadamente.

Otro punto a destacar del acuerdo es que el gobierno de Alberto Fernández, por primera vez, se pone objetivos en materia fiscal y monetaria. Las metas podrían ser juzgadas como poco ambiciosas, pero no es menor que un gobierno peronista divulgue públicamente un camino de ajuste fiscal y otro para reducir la emisión monetaria que  -por más que sostengan lo contrario- es la única causante de nuestros espantosos niveles de inflación.

Estos dos últimos puntos dejan -igualmente- dos interrogantes:

El primero, ¿cómo se va a achicar el déficit fiscal si el propio gobierno dijo que el acuerdo no le exige ninguna reducción del gasto público en términos reales? Para el gobierno el crecimiento económico hará que suban los ingresos y eso solo bastará para achicar los desequilibrios. ¿Será suficiente? En la página del FMI se habla de reducir subsidios energéticos. ¿Será que el gobierno firmó un “tarifazo”?

La segunda incógnita es cómo se va a financiar el déficit que igual vamos a tener. Si el exceso de gasto sobre ingresos en 2022 será de 2,5% del PBI y solo 1% se financiará con emisión monetaria, ¿cómo se va a conseguir el resto del financiamiento? Evidentemente, el gobierno apuesta a tomar deuda, ¿pero a qué tasa lo hará si seguimos teniendo elevados niveles de riesgo país?

Las sombras

Si bien el acuerdo despeja el horizonte de nuevos defaults y pone objetivos concretos a obtener, también luce demasiado poco ambicioso. El presidente festejó que el nuevo programa con el FMI no impusiera llegar a déficit cero, ni una reforma laboral. El ministro de economía, además, afirmó que el control de cambios continuará firme. Por último, en ningún momento se prevé reducir la pesada carga tributaria que enfrentan los empresarios en el país. De hecho, todo hace suponer que los impuestos volverán a subir.

Estos puntos constituyen verdaderos temas de fondo que la economía argentina no va a resolver de aquí a 2024.

El control de cambios es un precio máximo para el dólar que genera presión sobre las reservas y una brecha cambiaria que ha oscilado entre el 60% y el 120% en el último tiempo. La brecha, a su vez, opera como un fuerte gravamen para los exportadores (a quienes se les paga $ 100 lo que en realidad vale $ 200) y también para todo inversor extranjero que quiera traer un dólar de forma legal al país. Sin terminar con el cepo y con la brecha, podemos esperar poco del crecimiento impulsado por las exportaciones y la inversión extranjera.

Por otro lado, el sistema laboral argentino expulsa gente. Según datos oficiales, el 31,5% de la población con empleo hoy trabaja “en negro”. La explicación es el enorme costo que las regulaciones laborales imponen a las empresas para tener trabajadores registrados. Estas exigencias, claro, no son un gran problema para Google, pero sí para las PYME del país, que son quienes emplean al mayor número de trabajadores. En este marco, ¿qué hay para festejar en que no haya una reforma laboral?

El último punto es el tema tributario. Argentina figura en el top 3 de países que más impuestos cobran en relación con los beneficios empresariales según el Banco Mundial. Además, en los últimos meses el gobierno avanzó en crear un nuevo impuesto (el de la herencia en todas las provincias) y en subir las alícuotas máximas de Ingresos Brutos. Es decir que en un mundo que reduce la presión tributaria para atraer inversiones, Argentina hace todo lo contrario.

Para ir cerrando, el acuerdo con el FMI es una buena noticia si se lo compara contra las propuestas que venía deslizando el kirchnerismo más radical. No obstante, todo lo que el gobierno ve como un éxito es, en realidad, patear para adelante las reformas que necesita el país para crecer de forma sostenida.

Bienvenidas sean las metas fiscales y monetarias -que habrá que cumplir rigurosamente como mínimo-. Los cambios más profundos le quedarán pendientes a las siguientes administraciones.

Revista Desafío Exportar

Fuente: www.NetNews.com.ar