No obstante, quizás el más significativo de los conflictos es actualmente la pulseada por el proyecto de reforma laboral, verdadera nave insignia del paquete de reformas en que está empeñado el gobierno que encabeza Mauricio Macri. Por estos días, el pronóstico aún resulta incierto. Desde ya, si sólo fuera por la voluntad acuerdista de los gobernadores del PJ y de los burócratas de la CGT, Macri ya se hubiera salido una vez más con la suya. Sin embargo, el descontento creciente entre las bases trabajadoras ha provocado grietas en las filas de la CGT, por consiguiente en el PJ y, lo principal, están planteadas jornadas unitarias de movilización nacional en rechazo a la reforma.

No es para menos. Bajo el slogan de “bajar el costo argentino” y con la excusa de un blanqueo laboral más que incierto, dicha reforma de cuño neoliberal pretende abaratar los despidos vía un fondo de cese, establecer contratos aún más precarizados que los actuales, flexibilizar horarios y condiciones de trabajo, pasantías juveniles gratuitas y limitar la responsabilidad empresarial solidaria en las tercerizaciones. De aprobarse sería un retroceso de décadas en materia de derechos laborales, perjudicial para el conjunto de los trabajadores, la juventud y los jubilados.

Flojos de papeles

La retrógrada reforma laboral macrista viene acompañada por otros cambios. Uno de ellos es el pacto fiscal, firmado días atrás por Macri y los gobernadores excepto el de San Luis. ¿Qué implica ese pacto para “bajar el déficit”? En esencia, reducción de personal, de salarios y de políticas públicas, o sea un agravamiento de las penurias sociales y una retracción del ya alicaído mercado interno.

A esto se agrega una reforma previsional que reducirá los haberes reales de jubilados y pensionados, a la vez que subirá la edad jubilatoria: trabajar más años para luego cobrar menos. Y la posible merma de recaudación por la reforma fiscal se “cubrirá” por dos vías: un zarpazo a los fondos jubilatorios y la continuidad del endeudamiento externo, que ya alcanza récords históricos.

No obstante, Macri y sus ministros insisten en dibujar un panorama económico-social alentador en varios rubros. A saber:

•         Según ellos, se acabó la recesión y empezó una etapa de reactivación. Pero comparan los índices en forma tramposa con los peores meses de 2016. Ahora recién estaríamos alcanzando el nivel de actividad de 2015, cuando asumió Macri. Y además ese “crecimiento” es desigual: el campo, la industria automotriz y la construcción salen bien, mientras que el comercio y la industria alimenticia interna no.

•         En cuanto a empleo, también comparan con lo peor de 2016. Lo cierto es que todavía estamos por debajo de los niveles de empleo de 2015 y prosiguen los despidos entre los estatales, comercios y pymes.

•         A su vez los sucesivos tarifazos de servicios no permiten bajar el déficit fiscal, ya que por la caída del consumo bajó la recaudación de IVA, lo que sumado a la toma constante de deuda externa provoca que el déficit fiscal siga creciendo.

•         Tampoco es genuino el desaceleramiento de la inflación: este año terminará con un 25%, muy por encima del 17% anual presupuestado por el gobierno. Lo que hay es recesión, no un aumento de la producción, un ingreso de inversiones en bienes de capital o una baja del déficit fiscal.

•         En cuanto a los salarios, no se ha recuperado su poder adquisitivo sino que continúa el deterioro. En promedio las paritarias 2017 cerraron en poco más del 20% mientras que la inflación 2017 y el retraso 2016 superan el 30%. Además, la obvia intención del gobierno y el gran empresariado es que las paritarias 2018 sean a la baja.

En resumen, estamos más frente a un nuevo “relato M” que a una mejora real de la economía nacional.

Con entrega no hay crecimiento

Ya en agosto pasado se reunió en un lujoso hotel de Buenos Aires el Consejo de las Américas, agente de las corporaciones multinacionales. Buscan “normalizar” la economía, entendiendo por ello la reforma laboral, la total libertad para girar ganancias a sus casas matrices en los países centrales y la mayor apertura a las importaciones, con rebaja o anulación de aranceles. Entretanto, Trump nos impone el 57% de aranceles al biodisel argentino…

A la vez, a mediados de diciembre, la Argentina será sede de la 11ª reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio. La OMC, que en los ’90 fue ariete de las privatizaciones, la apertura comercial y la desregulación de los movimientos de capital, ahora busca asegurar condiciones neocoloniales de explotación laboral y saqueo ambiental e incluso promover una suerte de desregulación preventiva del comercio electrónico y del tráfico de datos.

La salida, creemos, es la opuesta. Proteger el empleo, los salarios y la economía nacional e impedir el saqueo por parte de las transnacionales, entre otras medidas. Auditar todo el endeudamiento externo y suspender los pagos de capital e intereses, para invertir esos fondos en las urgencias sociales y en desarrollar las industrias públicas estratégicas, como la ferroviaria, para recuperar la red, y la naviera, para desarrollar una flota mercante que nos evite el pago de fletes multimillonarios por nuestras exportaciones. Nacionalizar el comercio exterior y el sistema financiero para evitar la fuga de capitales, reorientando el modelo productivo con reforma agraria y sin agronegocio, con otra matriz de energías limpias y reindustrializando para recuperar independencia económica y política. Y una reforma fiscal de carácter progresivo, que grave a fondo la renta financiera y elimine el pago del Impuesto a las Ganancias a los salarios y el IVA a la canasta familiar.

En definitiva, proponemos crecer sin ajustar a los de abajo sino a los más poderosos.

Por Alejandro Bodart, Dirigente nacional del MST e Izquierda al Frente.

Fuente: www.NetNews.com.ar