El tema abordado por Porcelli no sólo se restringió a la problemática jurídica y logística de los amarraderos en la Hidrovía Paraguay-Paraná, sino que fue una clase especial sobre este jugador como sujeto dentro del derecho marítimo fluvial.

Para empezar, el especialista en derecho marítimo explicó que “el amarre es un contrato no regulado” y relató la historia de los amarraderos, desde los ´80 -donde se construyó el primer amarradero privado en Escobar, vinculado a la transferencia e granos-, hasta los ´90, con la profusión de amarraderos privados donde operaban barcazas fluviales.

Llegado este punto, Porcelli arremetió contra el insuficiente marco legal de los amarraderos. En rigor, los amarraderos están comprendidos en  “la Ley de Navegación, la Ley de Puertos y en una disposición de la Subsecretaría  de Puertos y Vías Navegables, que  regula la actividad desde 2008. En 2016 hay una resolución, la 333, que dispone la obligación de los amarraderos de informar a la autoridad qué y cuántas  barcazas se amarran, por cuánto tiempo, de dónde vienen… es un control y se hace una estadística del tráfico de cargas del tipo de barcazas que llegan a cada zona”, relató el especialista en derecho marítimo.

Sin embargo, “qué es un amarradero?”, se preguntó Porcelli. “Es el espacio físico para el atraque de buques navales en condiciones de seguridad. La diferencia con un puerto o instalación portuaria es que está prohibida la operatoria de carga o descarga logística o de reparación de un barco de pasajeros”, explicó para luego dar paso a los trámites que conlleva la actividad: presentaciones, aranceles, declaratorias, acreditaciones, certificados, póliza de seguro y contaminación, personal habilitado y la disposición de un remolcador”.  Para finalizar, la Prefectura emite una disposición para cada amarradero en particular, que debe estar balizado, iluminado, con personal de guardia y brindando información permanente.

Con todo, el problema sigue siendo la competencia de autoridades sobre el amarre y un control que no existe como tal.

“Los amarraderos tienen demasiadas obligaciones”,  dijo Porcelli y habló de los inconvenientes a los que están expuestos: los límites jurídicos y responsabilidades no están tan claros, por ejemplo, cuando hay derrame de sustancias peligrosas, cuando hay hurto de molinetes o de mercadería…”

Luego, Porcelli se refirió a las barcazas inoperativas, y dijo: “hay que bajar los costos y no que vengan las barcazas paraguayas. Si nuestras barcazas no navegan cómo van a pagar el amarradero?” y sugirió una solución. “Qué pasa si hacemos un amarradero publico  con una dársena donde puedan amarrar las barcazas de las empresas que no trabajan?”

Para finalizar, Porcelli dijo “el amarre es un sujeto instalado en la logística y el costo. Sin dudas hay que reformular las tarifas”. 

Fuente: www.NetNews.com.ar