El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que anuló los aumentos de tarifas residenciales de gas practicados en abril pasado, imponiéndole al Gobierno la realización de audiencias públicas no sólo para fijar la tarifa de transporte y distribución, sino para determinar el precio del gas en boca de pozo, tiene un costo fiscal de US$1.323 millones (unos 20.000 millones de pesos).

Así lo indica el más reciente informe del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (CERES) de la Universidad de Belgrano, que precisa que el costo derivado de no aplicar los cuadros tarifarios tal cual fueran concebidos para los usuarios residenciales resulta de US$716 millones. 

En adición, el sobrecosto que debería afrontar CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA) por el pago de gas a usinas a precios de abril sería de US$607 millones.

El fuerte aumento de los precios fue dispuesto a comienzos de este año, a poco de que Macri asumiera la presidencia, con el fin de reducir los onerosos subsidios que el Estado paga para mantener bajos los costos de la energía.

“Entendemos que la toma de futuras decisiones en materia tarifaria por parte de la administración debe observar los principios de razonabilidad, proporcionalidad y gradualismo para que resulten aplicables. En este necesario proceso de recomposición en curso de precios y tarifas del sector energético resulta imprescindible considerar los niveles de ingreso de los hogares, toda vez que los aumentos impactan directamente en las canastas de consumo de bienes y servicios, afectando en consecuencia su calidad de vida”, sostiene Andrés Di Pelino, vocero del Centro de Estudio de la Regulación Económica de los Servicios Públicos (CERES) de la Universidad de Belgrano.

Cabe recordar que a principios de este mes la Justicia de Argentina frenó en todo el país el ajuste en las tarifas de electricidad dispuesto por el Gobierno para reducir el déficit fiscal.

La decisión de un juzgado federal de la provincia de Buenos Aires se suma a la suspensión a nivel nacional del alza de las tarifas de gas a principios de julio.

El fuerte aumento de los precios fue dispuesto a comienzos de este año, a poco de que Macri asumiera la presidencia, con el fin de reducir los onerosos subsidios que el Estado paga para mantener bajos los costos de la energía.

La pelea por el aumento de las tarifas probablemente llegue a la Corte Suprema, pero por el momento la decisión de la Cámara Federal afectará el intento oficial por reducir el déficit fiscal.

El presidente de centroderecha ha liberado mercados que estaban fuertemente regulados durante la anterior gestión de centroizquierda y redujo algunos impuestos con el fin de atraer inversiones.

Sin embargo, sus medidas de ajuste han disparado protestas y, según expertos, han incrementado la pobreza en el país.

Reuters & AméricaEconomía.com

Fuente: AméricaEconomía.com