La corrupción sistémica llegó a todos los escondrijos de las más diversas actividades. A diario se descubren nuevos hechos y nombres que reescriben el relato que nos contaron todos aquellos años atrás.

En este caso, es propicio analizar la trama de corruptelas que involucra al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), del dirigente kirchnerista Omar “Caballo” Suárez,  muy vinculado al Dip. Nac. Carlos Kunkel.

Hasta aquí, la CIJ presentó un análisis que sostiene que en el SOMU  hubo una ausencia total de procedimientos y contratos para la adquisición de servicios; exorbitantes sobreprecios en compras directas; ausencia de planificación financiera; multiplicidad y superposición de tareas y cargos; utilización de fondos de los afiliados para el uso personal; falta de seguimiento en la construcción de obras y un pasivo de $8.985.896,95", más la utilización de sendos automóviles de alta gama pertenecientes al sindicato pero, usufructuados por el matrimonio del diputado Kunkel/ y su esposa la senadora Fioramonti.

 

 

El caballo amigo del diputado

 

Omar "Caballo" Suárez era un hombre del corazón del kirchnerismo, la mano derecha de los K en el puerto; el hombre que supo extraer del mundo del estibador las más innovadoras ideas para la concreción de una variedad de empresas que llevan su nombre.

Cuenta -como es de suponer- con denuncias y procesamientos de toda índole. Pero hay más ya que el desconocimiento general sobre el mundillo portuario permite inferir otro tipo de delitos.

La causa que lo tiene procesado radica en el juzgado del juez Rodolfo Canicoba Corral, que pidió la intervención del SOMU y a quien se acusa de haber “pactado” la exhimición de prisión.

Es que lo construido por el ex secretario general del SOMU, Omar "Caballo" Suárez, carne y uña de Carlos Kunkel, no fue poca cosa.

Lejos en la memoria quedaron los videos de sus apropiaciones de materiales varios en el puerto que desviara hacia una de sus estrafalarias casas, tan lejanas en el recuerdo como los murmullos sobre sus operaciones y actividades que poco bien le hicieran al sindicato que representaba.

Sin embargo, la intervención judicial, lejos de poner luz, ha generado la suspicacia de los trabajadores que ven un hilo de Ariadna entre la investigación y la intervención, una suerte de pacto entre las partes con beneficios para Suárez y costos para los trabajadores.

 

La intervención del Juez Canicoba Corral

 

Desde Febrero, momento que la Comisión Interventora Judicial (CIJ) se hizo cargo del sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), se supo que la revuelta era inminente porque, a río revuelto, ganancia de pescadores.

Dos de los tres interventores fueron desplazados, previa denuncia a quien quedara a cargo de la entidad,  la diputada nacional por el PRO, elegida por el Poder Ejecutivo Nacional.

Viola, designado por el Juez y Alonso, por el Min. Triaca, hasta ahora pares de González, la denunciaron por querer cerrar paritarias a la baja y por pretender modificar los convenios colectivos de trabajo. Asimismo, en escritos judiciales, le informaron al juez acerca de manejos unilaterales de la diputada-interventora sobre incorporaciones de personal de forma discrecional por un valor estimado en los 1,3 millones de pesos mensuales,  erogaciones que deberá pagar el propio gremio que pretende normalizar.

La denuncia fue propalada mostrando, además, un recibo en el que figuran “gastos de representación” por 59 mil pesos, y que llevan la firma de la diputada aceptando la imputación como “básico” en concepto de “haberes”.

Es de público conocimiento que diputados de la nación no pueden ejercer cargos privados, pues no se admite una actividad paralela a la legislativa. Sin embargo, la denuncia va más allá. Se le atribuye la desgraciada frase: “no podemos llamar a elecciones porque estos morochos son todos iguales”. 

Gladys González fue elegida por el Ejecutivo para integrar el tridente que normalizaría al SOMU, pero se la recuerda periodísticamente por las denuncias que recibió como directora del Banco Ciudad. Sin embargo, esta vez, se defendió con una carta en la que remarca la gratuidad de sus tareas al frente del sindicato marítimo.

A todo esto debe sumarse la sospecha de los trabajadores sobre el verdadero derrotero de la causa por el manejo discrecional de fondos y sobreprecios en la conducción de la poderosa obra social sindical, y por la intervención, ya que lejos de poner a Suárez tras las rejas, parece dilatar el proceso provocando sólo daño a los trabajadores.

 

Los trabajadores olfatean “negociación”

 

En rigor, la disputa entre los trabajadores marítimos y la nueva intervención no pasa por los hechos del pasado, sino por la quita de la obra social a ciertos afiliados, por la suspensión de la bolsa de trabajo y los meses sin embarcar.

Luis Clemente, líder de la Agrupación Juan Ocampo fue quien denunció la gestión del “caballo” Suárez en la justicia, generando la intervención del Sindicato, la Obra Social y la Fundación Azul.

Pero ahora, Clemente va por más; ya había denunciado al Juez y a los interventores por  encubrir  a la anterior gestión y por seguir pagando con el sueldo de los trabajadores a las empresas denunciadas propiedad de Suarez y sus familiares, ahora le sumó una nueva denuncia contra la interventora Gladys González que estaría cobrando doble sueldo, uno por Diputada y otro por Interventora.

La diputada hizo su descargo en el programa  Lanata Sin Filtro y explicó que no percibía 59.000 pesos de sueldo, sino que con los descuentos llegaba a 35.000 pesos y agregó que los recibía para poder solventar los gastos que implicaba su trabajo dentro del gremio

“Hasta el momento, el camino tomado por la intervención pareciera ser una intervención suarista encubierta”, señala el trabajador: “¿Que negoció Enrique Omar Suárez con el juez Rodolfo Canicoba Corral para no ir a prisión?” Además, asegura que la Comisión Interventora protege a los dirigentes denunciados toda vez que estos siguen manteniendo sus vehículos, celulares, edificios, manejo de fondos, representación gremial, e incluso la bolsa de trabajo desde las Seccionales en el Interior”.

Vale, como aclaración a pié de página, que la Obra Social del gremio se encuentra intervenida por el cuñado del juez que entiende en la causa, Ramiro Tejeda y no por la Comisión Interventora. Pero, como si todo esto no fuese suficiente, el camino se bifurca y allí encontramos a Viola junto a su madre, Claudia Balbín, como defensores del hijo de Lázaro Báez, Leandro Baéz.  

Los trascendidos hablan también de un búnker en el mismísimo Hotel del SOMU, donde se reunirían los ex dirigentes con los interventores. Por suparte, Clemente asegura que se está utilizando la intervención gremial, no para investigar, sino para encubrir y proteger los delitos.

Con dos de los interventores desplazados, la interventora en pie decidió enviar una carta a los trabajadores negando las acusaciones que se ciernen sobre su persona y alertando sobre operaciones malintencionados debido a su trabajo contra “la mafia que se enriqueció a costa de sus afiliados".

 

Fuente: Lic. Marcela Jaimes 

Fuente: www.NetNews.com.ar