Hay dos discursos que, escuchados rápidamente, parecen hablar de dos argentinas distintas. Uno habla de acuerdos comerciales, mercados abiertos, inversiones, energía, minería, inteligencia artificial y una diplomacia comercial decidida a salir al mundo. El otro habla de retenciones, reintegros demorados, aduanas, logística, costos portuarios y un régimen cambiario de lógica penal que nació hace más de medio siglo.

Pero no se contradicen tanto. La diferencia está en el dónde.

En la 30.ª edición del Día de la Exportación, organizada por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), su presidente, Fernando Landa, y el canciller Pablo Quirno terminaron describiendo desde dos lugares diferentes, el mismo desafío: cómo convertir una mejora en las condiciones generales de la economía en una verdadera máquina exportadora.

Para la Cancillería, el problema de fondo fue durante años una economía cerrada, inestable y con pocos acuerdos comerciales. Pablo Quirno recordó que entre 2011 y 2024 el volumen exportado apenas creció 9%. Para CERA, aun cuando reconoce y celebra los avances del Gobierno en materia macroeconómica y de apertura, todavía hay una cantidad de obstáculos puertas adentro que hacen que exportar siga siendo una actividad innecesariamente difícil.

Y ahí aparece la pregunta incómoda: ¿de qué sirve tener una puerta cada vez más grande hacia el mundo si todavía cuesta tanto llegar hasta ella?

 

Quirno llegó al encuentro con una narrativa clara y la planteó como una pregunta: qué cambió en menos de tres años para que hoy se pueda aspirar a una cifra récord. Su respuesta fue irónica: “Sería una curiosa coincidencia que el mundo hubiera descubierto la calidad de la Argentina justo ahora”. Lo que cambiaron, dijo, fueron las condiciones para producir y proyectar negocios a largo plazo. La cifra, vale aclararlo, es una proyección de CERA: US$103.000 millones de exportaciones para 2026, un récord histórico. El canciller puso en primer plano el equilibrio fiscal, la disciplina monetaria, la desregulación, la reducción de derechos de exportación y una ofensiva diplomática para ampliar el acceso a mercados.

 

La lista es larga y parece impensada si uno se para en cualquier fecha anterior al 10 de diciembre de 2023: Unión Europea, EFTA, Estados Unidos, Singapur, CPTPP, India, Japón, Vietnam y Emiratos Árabes Unidos. No todos están en el mismo punto: el acuerdo con la Unión Europea ya tiene aplicación provisional; el de EFTA está concluido a la espera de entrar en vigor; el de Singapur fue aprobado por el Congreso; el CPTPP es una solicitud de adhesión; y con India, Japón, Vietnam y Emiratos las negociaciones siguen abiertas.

 

Según Quirno, la red de acuerdos e instrumentos comerciales pasó de cubrir alrededor del 10% del PIB mundial a acercarse al 30%, con la aspiración de llegar al 50% en el mediano plazo y, según el objetivo que fijó el Presidente, al 80% en los próximos cuatro años. Hay, además, más de 170 negociaciones con más de 40 países.

 

El mensaje es evidente: hay que ir a buscar compradores. La Cancillería parece haber asumido esa tarea como propia; el mismo canciller la definió como “abrir mercados para que el trabajo argentino encuentre compradores en todo el mundo”. La diplomacia deja de ser solamente diplomacia y pasa a funcionar como una herramienta comercial, una tarea casi olvidada por décadas: acuerdos, habilitaciones sanitarias, rondas de negocios, ferias y defensa de mercados conquistados por empresas argentinas.

 

El ejemplo de la miel que ofreció Quirno es ilustrativo. Un producto que enfrentaba un arancel del 17,3% para entrar a la Unión Europea consiguió una cuota con arancel cero y, según el canciller, el primer embarque desde Concordia completó todo el cupo disponible. También se cumplieron los cupos de huevos y de arroz. “Cuando la cancha está nivelada, ustedes saben cómo ganar el partido”, dijo.

 

Es difícil discutir la lógica: si el Estado consigue que una empresa enfrente menos barreras afuera, le está haciendo más fácil vender.

 

El problema empieza después. ¿O será antes? Porque mientras se abren puertas al mundo, queda por mirar por qué todavía no las atraviesan más empresas. Conseguir que el mundo abra una puerta no garantiza que del otro lado haya miles de empresas argentinas en condiciones de cruzarla.

 

Es ahí donde el discurso de Landa introduce una segunda verdad, menos espectacular y bastante más incómoda. CERA reconoce explícitamente los avances desde 2023, como la reducción de derechos de exportación y el rumbo de desregulación. También reivindica el RIGI como una “ventana de normalidad” para atraer inversiones. Pero inmediatamente después corre el foco de los grandes proyectos hacia la operatoria cotidiana del exportador.

 

Y ahí aparecen los problemas menos fotogénicos. La pesca y algunos productos industriales todavía pagan derechos de exportación y, al mismo tiempo, enfrentan en ciertos mercados de destino aranceles de hasta 50%. Los reintegros pueden demorarse, porque no tienen fechas perentorias de pago. Para recuperar el IVA se sumaron condicionamientos que no están previstos en la ley y cuya sanción, según CERA, no guarda proporcionalidad con el eventual incumplimiento. “No podemos seguir exportando impuestos”, planteó Landa. Y el exportador continúa sujeto a un Régimen Penal Cambiario vigente desde 1971.

 

"Ya no alcanza con preguntar cuánto exportará la Argentina. Hay que preguntar cuántas empresas argentinas serán capaces de exportar"

 

 

 

Landa lo resumió con una frase deliberadamente provocadora: la exportación argentina lleva 55 años “a la sombra de una ley penal”. Y agregó, con ironía: “¡Valiente ha de ser el exportador!”. La frase importa más allá de su efecto retórico, porque señala hasta qué punto una regulación concebida en otro contexto histórico todavía hoy condiciona la actividad exportadora.

 

En estos puntos radica la contradicción central de esta etapa: el Gobierno quiere que el empresario argentino piense como un jugador global, mientras parte del entramado regulatorio todavía lo trata como si estuviera administrando una emergencia cambiaria permanente.

 

La macroeconomía puede ordenar las cuentas y bajar la inflación. La diplomacia puede conseguir un acuerdo. El RIGI puede generar condiciones para una inversión millonaria. Pero una pyme no vive en una planilla macroeconómica: vive en los costos. Para ella, el peso de los impuestos y la recuperación del crédito fiscal son el primer escollo; después vienen el financiamiento del capital de trabajo, cruzar una frontera, llevar la mercadería hasta un puerto y absorber un sobrecosto logístico ineficaz más allá del buen trabajo empresario.

 

Y ahí está probablemente la parte más importante del discurso de CERA: la competitividad no se juega solamente en los grandes anuncios. Se juega en la ruta que lleva la producción al puerto. En el ferrocarril que no llega. En el paso fronterizo que demora. En el (sobre) costo portuario. En la posibilidad de utilizar una vía hacia el Pacífico. En la digitalización (y eliminación) de los trámites. En la velocidad de una devolución de impuestos. En el acceso al financiamiento. CERA reclama una hoja de ruta para la infraestructura logística que ataque esos costos con mayor velocidad. Landa reconoció que los avances en la hidrovía “son fundamentales, son excepcionales”, pero advirtió que todavía falta avanzar en infraestructura ferroviaria y vial, caminos rurales y pasos fronterizos.

 

Y hay un dato que debería ocupar bastante más espacio en la conversación que el número de exportaciones totales: desde 2015, según CERA, la Argentina se mantuvo alrededor de las 9.300 empresas exportadoras, con una participación pyme de las menores de la región. Landa habló de una fuerte caída de empresas que exportan y luego un completo estancamiento que lleva una década.

 

Es decir que puede haber un récord de dólares exportados sin que eso implique una expansión equivalente de la cantidad de empresas que exportan. El propio Landa cuestionó que, tradicionalmente, se mire el monto anual exportado como el indicador fundamental, “pero único y singular”.

Esto cambia la pregunta. Ya no alcanza con preguntar cuánto exportará la Argentina. Hay que preguntar cuántas empresas argentinas serán capaces de exportar.

 

Porque una economía puede aumentar fuertemente sus ventas externas impulsada por energía, minería, agroindustria y grandes inversiones. El discurso de Quirno muestra precisamente esa expectativa: RIGI, Vaca Muerta, minería, GNL y grandes proyectos de infraestructura aparecen como motores de una nueva oferta exportable. Los proyectos aprobados bajo el régimen, según el canciller, ya reúnen más de US$55.000 millones comprometidos, mientras existen iniciativas bajo estudio por otros US$150.000 millones.

 

Una transformación impensada hasta 2023, pero no necesariamente la que necesita una pyme. Quirno planteó que esas obras pueden ser una oportunidad para los proveedores locales, que podrían acreditar experiencia ante clientes internacionales. Falta ver cuántos llegan a ese lugar.

 

El desafío que queda por delante es lograr que una empresa que hoy fabrica para el mercado interno pueda mañana vender una parte de su producción en Chile, Brasil, Estados Unidos, Europa o Asia. Que pueda certificar. Financiarse. Cumplir una norma sanitaria. Conseguir logística competitiva. Cobrar. Reinvertir. Volver a exportar. Y crecer.

 

En otras palabras: que exportar deje de ser una hazaña empresarial y pase a ser una decisión de negocios.

Ahí los dos discursos vuelven a encontrarse. Quirno reconoció que “la burocracia y un cambio arbitrario de reglas pueden alejar un mercado mucho más que la geografía”, y afirmó que “exportar tiene que ser un buen negocio para quien exporta”. Sostuvo, además, que la baja de la inflación permite calcular costos y comprometer entregas a meses vista. Landa, por su parte, planteó que no hay exportación sin inversión, tecnología, mejora continua y estándares, y que un servicio elemental para quien vende en un tercer país es “la eliminación de la incertidumbre, para lo cual la estabilidad de reglas es fundamental”.

Son dos maneras de decir prácticamente lo mismo.

 

La Argentina necesita previsibilidad. Pero la previsibilidad no termina en el equilibrio fiscal. Tampoco termina en un tratado comercial. La verdadera prueba del cambio llegará cuando un producto no cargue en su costo la mala praxis política y las pymes pueda atravesar todo el circuito exportador sin necesitar una estructura extraordinaria para sobrevivir a las reglas argentinas.

 

El Gobierno está intentando abrir la Argentina al mundo. CERA le está diciendo que, para que esa apertura sea sostenible, también hay que ordenar la Argentina que queda de este lado de la frontera. No es una discusión entre apertura y proteccionismo. Es bastante más concreta. Es la discusión entre tener mercados disponibles y tener empresas capaces de aprovecharlos.

 

Por ahora, hay razones para mirar el vaso medio lleno. Según el discurso de Quirno, las exportaciones de bienes superaron los US$58.000 millones entre enero y julio, casi un 23% más que un año atrás; la agroindustria alcanzó un récord de 74 millones de toneladas; las pymes exportaron más de US$6.400 millones en ese período, su mejor registro para esos meses en 13 años; y energía y minería muestran fuertes aumentos.

 

Pero precisamente porque esos números son alentadores, vale la pena mirar el otro indicador que marca cuántos exportadores tenemos. Hacia el final de su discurso, el propio canciller dijo trabajar “para que cada récord encuentre a más empresas argentinas entre sus protagonistas”. 

 

Todavía hay trabajo pendiente. Porque el récord de exportaciones es una buena noticia. Pero sería una noticia todavía mejor si detrás de esos US$103.000 millones hubiera muchas más empresas argentinas, muchas más pymes y muchas más provincias integradas a esa historia. Ahí estaría el verdadero salto exportador.

 

Fuente: www.NetNews.com.ar