La visión sobre la actividad de exportación debe dejar de reducirse al concepto de “generador de divisas”. Las autoridades deben asimismo dejar de considerar a la exportación como una solución de caja disponible mediante el cambio de reglas.

La exportación debe ser ponderada por lo que es: una fuente vital de creación de empleo y desarrollo federal. Los ejemplos internacionales abundan. La exportación ha sido la responsable del crecimiento económico, sacando a millones de personas de la pobreza y convirtiendo a países en actores relevantes.

Durante este ciclo del G20 Sudáfrica, en función del entorno geopolítico complejo, en el sector privado (Business 20) se ha insistido en un concepto fundamental: lo que habilita la apertura de fronteras es la confianza.

Los principios rectores de la política pública deben ser, por lo tanto, la confiabilidad y la competitividad.

Ser un proveedor distante supone ser más competitivo, de mejor calidad y con más capacidad de innovación, proveyendo un mejor servicio y, sobre todo, siendo tanto o más confiable que el proveedor cercano.

Nuestro país, al contrario de esto, ofrece un marco particularmente volátil y una calificación crediticia de stand-alone. Sumado a esto, el exportador permanece envuelto en obligaciones excepcionales en el mundo. Asumimos como normal convivir con una liquidación obligatoria de divisas y hacemos lo posible por desarmar sus enormes daños colaterales. Pero lo cierto es que sólo en nuestro país el Estado obliga al sector privado a liquidar el 100% de las divisas.

Esta excepcionalidad podría entenderse además como un factor de desigualdad ante la ley, puesto que aquellos actores económicos con contratos en dólares dentro del territorio nacional no se ven obligados a liquidar su ingresos. Tampoco es la condición que se demanda para aquellos que exportan servicios.

Aunque se ha avanzado notablemente con la reducción de derechos de exportación, aún gran parte de la exportación debe continuar tributando este impuesto que casi ningún competidor internacional paga—, en vez de impuesto a las ganancias (las cuales se coparticipan).

Paralelamente, nuestra producción debe por supuesto competir en condiciones de igualdad en el mundo, no exportando impuestos indirectos en su estructura de costos (instrumentados en nuestro país mediante mecanismos de recupero como el del IVA y reintegros). Sin embargo, siguen vigentes condicionamientos y penalidades desproporcionadas sobre el recupero de IVA basados en una Resolución Gral. de AFIP de 2022 que es inconsistente con la Ley de IVA.

Un capítulo aparte merece el tratamiento de los reintegros, a todas luces insuficientes, pero que además debemos empezar a entender como impuestos cobrados en exceso en función de las normativas de la OMC. En los últimos dos años, el fisco ha dilatado en forma arbitraria y creciente su devolución. Pese a esta posición de exportadores convertidos en acreedores del fisco, no se ha avanzado en la creación de una Cuenta Única Tributaria (impositiva y aduanera) que permitiría compensar saldos a favor con obligaciones. En paralelo, una resolución reciente le propone al exportador aceptar una postergación de más de un año para obligaciones de devolución sobre las cuales el Estado tiene ya hoy atrasos de 5–6 meses.

A esto se suman problemas estructurales de facilitación: los trámites de comercio exterior todavía no están 100% digitalizados. El sistema para gestionar el comercio exterior y los trámites aduaneros SIM (kit Malvina) sigue restringido a los despachantes de Aduana en una plataforma Windows antigua cuando debiera ser una plataforma web con infraestructura en la nube que permita interoperabilidad, mayor transparencia, interfaces y motores de análisis de inteligencia artificial.

Además, Argentina es uno de los pocos países de América Latina donde la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) no es interoperable con la Aduana ni permite realizar pagos, lo que profundiza costos, demoras y asimetrías competitivas.

Nada de esto es inocuo y una multitud de indicadores así lo evidencia:

• Nuestra participación en las exportaciones globales es apenas del 0,33%. 
• Argentina hace una década se encuentra estancada en el entorno de 9.300 empresas exportadoras. Este número de empresas es aproximadamente la misma cantidad de exportadores que hoy detenta Perú y apenas algo más que Chile.
• La economía argentina es mucho más compleja que su exportación: los primeros cinco productos representan el 59% del volumen exportado (2024) y nuestra capacidad de diversificación continúa limitada.
• La exportación anual per cápita de Argentina esta debajo de los USD 1.500, lo cual palidece en comparación con países como Estonia, Finlandia, Australia y Canadá, que superan los USD 14.000 o con el entorno de los USD 4.500-5.000 per cápita de países como Chile y México.

Argentina cuenta con los elementos para diversificar y expandir sus exportaciones, pero el cambio actitudinal en la formulación de la política pública y su cumplimiento será el primer paso para crecer de forma sostenida.

Hemos tenido notables avances en 2024 y 2025 en diversas dimensiones, pero estamos aún lejos del objetivo: modificaciones en impuestos y restricciones, facilitación del comercio, ampliación del relacionamiento externo, logística, promoción y marcas nacionales son las dimensiones de una Estrategia Nacional Exportadora. Estos aspectos están contemplados en las más de 170 propuestas de la CERA como contribución a esta nueva etapa, actualizando y ampliando el trabajo de 2023 (cuyas propuestas se implementaron en un 33%).

La competitividad será alcanzable si cambiamos el horizonte de nuestra mirada y entendemos, como dice el lema de la CERA, que “Exportar es trabajo y desarrollo”.

Fuente: www.NetNews.com.ar