La media tiene como foco el ajuste en el monto que deben garantizar los operadores de depósitos fiscales, espacios utilizados para almacenar mercaderías bajo control aduanero. Según la nueva normativa, la garantía se calculará a razón de 50 dólares estadounidenses por metro cuadrado, con un tope máximo de 2 millones de dólares o su equivalente en pesos. Esto representa un cambio significativo frente a las condiciones previamente vigentes y está alineado con el objetivo gubernamental de reducir barreras operativas y costos logísticos.

La resolución se enmarca en el espíritu del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que busca eliminar trabas estatales al desarrollo económico y promover una mayor inserción en el comercio mundial. Al reducir el costo de las garantías, la medida pretende estimular la competitividad de las operaciones de comercio exterior, favoreciendo especialmente a pequeños y medianos actores del sector.

Una cambio de relevancia para el futuro de los depósitos fiscales

La medida, considerada por muchos como un acto de justicia largamente esperado, fue celebrada por el sector. Según el presidente de CADEFIP, Elías Canievsky, “las actuales autoridades de la DGA accedieron a un requerimiento de larga data relacionado con el valor para garantizar las operaciones de los depósitos fiscales. Los valores vigentes hasta la modificación representaban mayores costos para los permisionarios, sin que ello significara una mayor garantía sobre las cargas almacenadas en los depósitos.”

Por su parte, Augusto Randazzo, secretario de la misma institución, añadió que “es cierto que nunca la Aduana debió recurrir a la ejecución de tales garantías, ya que no existieron causales para que la póliza se ejecute. La incorporación de elementos tecnológicos ha permitido la trazabilidad y el control inmediato de las operaciones, lo que refuerza significativamente la supervisión en las zonas primarias habilitadas.”

Ubicados en la zona primaria aduanera, los depósitos fiscales son fundamentales para la gestión y almacenamiento de mercancías sujetas a control aduanero. Sin embargo, operar estos espacios requiere de una habilitación previa que incluye la presentación de garantías para asegurar el cumplimiento de obligaciones tributarias y legales. Con esta nueva disposición, se busca incentivar el desarrollo de estos espacios y facilitar su acceso a los operadores.

La resolución entrará en vigencia el 11 de enero de 2025, un día después de su publicación oficial. Este cambio no solo tendrá impacto en el corto plazo, sino que también podría abrir la puerta a nuevas inversiones en infraestructura aduanera, potenciando la capacidad operativa y competitividad del sector

Fuente: www.NetNews.com.ar