Michael Lipsky (1980), desarrolló este nuevo objeto de análisis a comienzos de los años 80’ en Estados Unidos, definiendo la “teoría de la burocracia de calle”.  Proporcionó una nueva forma de ver los dilemas de los trabajadores de la línea de frente del Estado, los gobiernos locales. Lipsky caracteriza a las burocracias de calle por su posición en la estructura organizativa estatal como “brazo operativo” del Estado, en contacto cotidiano con los ciudadanos. Su tarea se desarrolla en condiciones específicas, regulando beneficios y privando de acceso a solicitudes, según corresponda. Pero, si bien su función es claramente delimitada y definida, no lo es así para quien peticiona ante ellos. En efecto, para ellos representan al Estado en general, en toda índole de necesidades. Los hechos delictivos en alza, han reforzado esa petición de los ciudadanos, teniendo como primer escalón receptor a los representantes de gobiernos locales. Binder (2016), refiere a esta situación arriba detallada, identificando tres momentos en la relación de los gobiernos locales con la agenda de seguridad:

1. Etapa de toma de conciencia del malestar y derivación de los reclamos a las autoridades provinciales y/o nacionales;
2. Etapa de Cooperación, donde refuerzan las capacidades provinciales con recursos locales, aunque sin intervención directa; y
3. Situación actual, en la cual se reconoce necesario aumentar la participación local del diseño y ejecución de políticas públicas a fin de no pagar los costos del malestar.

Al carecer orgánicamente del gobierno de la fuerza pública, han desarrollado una intensa actividad de gobernanza con los representantes locales de las fuerzas policiales, y explorado una serie de estrategias de prevención en un sentido más amplio y abarcativo, interpretable desde el concepto de seguridad humana. Seguridad humana concebida con centro en las personas, integral (seguridad económica, alimentaria, de la salud, ambiental, personal, de la comunidad y política). En esta nota, desarrollaremos puntualmente las facetas de la seguridad de las personas y la de la comunidad, aunque hay puntos de contacto con las otras por su visión integral sistémica. Dos son sus estrategias fundamentales: Protección (con foco sobre los sectores más vulnerables) y Empoderamiento (fomentando el desarrollo de los sectores postergados).

Es muy importante poder definir, entonces, cómo se debe evaluar la vulnerabilidad de los distintos sectores de la población para poder orientar la acción, a saber: exposición, fragilidad y resiliencia.

1. Exposición: decisiones y prácticas que ubican al ser humano y sus medios de vida en la zona de impacto de un peligro. Ubicación geográfica.

 2. Fragilidad: condiciones de desventaja o debilidad relativa del ser humano y sus medios frente al peligro. Características particulares de la            persona. A mayor fragilidad, mayor vulnerabilidad.

 3. Resiliencia: relacionada al nivel de asimilación o capacidad de recuperación del ser humano y sus medios frente a la ocurrencia de un daño.        A mayor resiliencia, menor vulnerabilidad.

Esa gestión local es materializada a través de las funciones de gobernabilidad (con recursos orgánicos propios), y de gobernanza (con organismos no dependientes en relaciones de cooperación y coordinación). La fuerza pública, representada por las fuerzas policiales, constituye sólo un elemento (subsistema) que forma parte de un sistema superior (Sistema de Seguridad Humana), no el sistema en sí. Misma condición de subsistema también la revisten los gobiernos locales

Dentro de las funciones de Gobernabilidad, es decir, con recursos orgánicos propios, podemos citar, entre otras:

1. Creación o ampliación de estructuras de gobierno de la seguridad a nivel local
2. Instalación o ampliación de centros de monitoreo urbanos
3. Diseño de patrullaje municipal.
4. Estrategias de Prevención Situacional (iluminación, señalización, mantenimiento espacio público)
5. Asistencia a víctimas de violencia intrafamiliar (género, niños, ancianos)
6. Centros de tratamiento de adicciones
7. Observatorios locales de producción de información para toma de decisión

En funciones de gobernanza (coordinación y cooperación), podemos citar:

1. Apoyo financiero y logístico a las fuerzas de seguridad y policía provincial (información territorial, instalaciones, policía adicional, combustible, compra y reparación de vehículos, etc.). Últimamente, y ante la carencia de personal policial, hay municipios que aportan conductores para los móviles policiales.
2. Coordinaciones operativas con la policía local, materializadas en corredores escolares, paradas seguras, y otras generadas en el análisis de la vulnerabilidad.
3. Promoción de la participación vecinal
4. Programas de asistencia y reinserción social
5. Participación en programas de justicia restaurativa

Como conclusión, podemos decir que, gradualmente, los gobiernos locales van asumiendo un mayor protagonismo en la agenda de seguridad. Sus posibilidades son limitadas por el marco normativo pero, a la vez, han buscado alternativas para dar respuesta al ciudadano como burocracias de calle que son.

Bibliografía:

BINDER, A. (2016), “Seguridad en el municipio y usos de la información sobre la criminalidad, la violencia y el conflicto”, en T. Schleider y M. E. Carrasco (eds.), Municipios, los nuevos actores de la seguridad ciudadana, Buenos Aires, ILSED, pp. 19-31.

LIPSKY, M. ([1980] 2010), Street Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. New York: Russell Sage Foundation.

Fuente: www.Netnews.com.ar