Como curarse de la resaca del populismo ha sido uno de los dilemas centrales de la economía argentina desde hace setenta años. Hubo “fiestas populistas” desde 1946 a 1949, de 1973 a 1975, desde 1984 a 1986 y desde 2007 a 2015. La situación actual exhibe algunos paralelismos con algunas de las anteriores. Después de una década de populismo los sectores productivos de la economía argentina nuevamente deben cargar a sus espaldas el costo de un estado enorme e ineficiente. Desde 2003 hasta 2015, el gasto público pasó de 30% a casi 50% del PBI. Medido en dólares de 1993, durante ese período, el gasto público aumentó a una tasa equivalente de casi 17% anual (utilizando el tipo de cambio oficial). Con estas tasas de crecimiento, el sector público parece ser el sector más dinámico de la economía argentina.

El problema es que no sólo es el sector más dinámico sino también el más ineficiente. En lo que respecta al gasto público, la “excepcionalidad” argentina en relación a las economías avanzadas y las emergentes más desarrolladas de América Latina (como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) es notable. Según el Informe de Competitividad 2016 del WEF, Argentina se encuentra entre los 10 países con mayor despilfarro del gasto público, mayor corrupción y peor desempeño en el sector público y mayor peso de las regulaciones.

Este aumento fenomenal del gasto público ha contribuido al deterioro de la capacidad productiva y la competitividad de la economía argentina. Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, desde 2003, el tipo de cambio real se ha apreciado significativamente.

Tipo de Cambio Real y Gasto Público 2003-2016

Hasta ahora el gobierno ha recurrido a una receta que en el pasado no dio buenos resultados: una política fiscal expansiva y una política monetaria restrictiva. Durante 2016 el gasto público creció 33% en términos nominales lo cual teniendo en cuenta la tasa de devaluación implica un crecimiento de prácticamente el 13% en dólares. Por otro lado, el rendimiento de las LEBACS en dólares (es decir, ajustado por la tasa de devaluación) fue superior al 10% anual, y la tasa de interés activa en pesos fue, en promedio, 40% anual, lo que equivale a una tasa real en dólares cercana al 18%.

Para cuantificar, al menos de manera aproximada, el grado de compatibilidad (o incompatibilidad) entre la política fiscal y monetaria podemos utilizar un modelo muy simple de equilibrio monetario desarrollado por Guillermo Calvo y Roque Fernández, en un artículo publicado por Ámbito Financiero en julio de 1980. Aplicado a la coyuntura actual, este modelo sugiere que dadas las metas de inflación adoptadas por el Banco Central requieren indefectiblemente un fuerte endeudamiento externo, ya que el impuesto inflacionario y el seigniorage no alcanzan a financiar el déficit y el servicio real de la deuda.

Es cierto que por ahora el mundo ayuda. Los mercados financieros internacionales siguen receptivos y los inversores le han dado un tibio voto de confianza al gobierno. Pero esto es un arma de doble filo. Enfrentamos el mismo dilema que un alcohólico que quiere liberarse de su adicción justo cuando le regalan el whisky. La capacidad de endeudamiento adicional en el exterior ha sido alta gracias a la resolución del problema de los holdouts pero no es sostenible a mediano plazo. Pero además, endeudarse en dólares para financiar el déficit fiscal contribuyó a deprimir el tipo de cambio nominal, con lo cual, dada la tasa de inflación, exacerbó el castigo al sector productivo de bienes transables.

El alto diferencial entre las tasas internas y externas, al estimular la entrada de capitales especulativos, tiene un efecto similar sobre el tipo de cambio nominal. La mejora del tipo de cambio real producto de la eliminación del “cepo cambiario” prácticamente se ha desvanecido. Hasta ahora el impacto sobre el saldo de la cuenta corriente ha sido poco significativo debido a la recesión y a la política comercial adoptada por el gobierno.

Para relativizar todas estas consideraciones usualmente se argumenta que

a) que el costo nominal y real de la deuda pública externa es muy bajo,  

b) que la deuda pública con acreedores privados sólo asciende sólo a 17,7% del PBI.

Respecto al primer punto, es cierto que desde el punto de vista del costo financiero nominal, la situación es manejable. Pero como señalamos más arriba, existe un riesgo no menor de que las condiciones en los mercados financieros internacionales empeoren en el corto plazo. La suba de tasas no sólo afecta el costo financiero sino que también complica el acceso al capital. En ocasiones anteriores, la suba de las tasas de interés en Estados Unidos provocó la “reversión” de flujos de capitales a economías emergentes, contribuyendo a provocar y profundizar sus crisis externas. Por otro lado, aunque el costo nominal de la deuda es bajo, la República Argentina paga casi tres veces la prima de riesgo que paga Perú y el doble que Colombia. Si los mercados internacionales perciben que la sociedad argentina se resiste a reformar el sistema económico populista, exigirán primas de riesgo crecientes para financiar al estado argentino. Si eso ocurre, será difícil evitar otra crisis externa.

En cuanto al segundo punto, también es cierto que, en términos relativos, la deuda pública con el sector privado es baja. Pero no olvidemos que entre 1980 y 1981, en sólo un año, la deuda pública aumentó casi 10 puntos porcentuales en relación al PBI (y al año siguiente se duplicó llegando a más de 50% del producto). Además, el mercado de capitales local está muy poco desarrollado y mas del 70% de la deuda pública está denominada en moneda extranjera (y todo indica que este porcentaje aumentará). La combinación de una suba de las tasas de interés y una devaluación abrupta del peso por pérdida de confianza inevitablemente complicarían la sustentabilidad de la deuda pública.

El gobierno parece advertir el problema, pero sin mayoría en el Congreso y al frente de una coalición frágil, considera que no tiene suficiente apoyo político para encarar las reformas estructurales necesarias para que la economía retome la senda del crecimiento sostenido. Estas reformas requieren, entre otras cosas, una reducción significativa del gasto público, ya que no es posible seguir aumentando los impuestos sin ahogar al sector privado. La presión tributaria viene aumentando sin cesar desde 2003 y según cifras del Banco Mundial, es la más alta del mundo. El Informe de Competitividad 2016 del Foro Económico Mundial, ubica a Argentina entre los tres países en los que los impuestos desincentivan más la inversión. Con este nivel de gasto público y esta presión tributaria la economía argentina es inviable a mediano plazo. Para ser exitosa la política económica requiere un plan creíble de reducción del gasto público. Esta reducción no tiene por qué ser abrupta. Puede ser gradual pero con metas claras y asequible. Además, el gobierno debe comunicar claramente a la población las consecuencias de no actuar. Caso contrario, tendremos otro déjà vu.

Fuente: www.NetNews.com.ar